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Aduana y DGI destruyeron bebidas alcohólicas ilegales valuadas en más de $24 millones

Hace 2 horas
Aduana y DGI destruyeron bebidas alcohólicas ilegales valuadas en más de $24 millones

Imagen: infobae

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la DGI incautaron y destruyeron bebidas alcohólicas de origen extranjero valuadas en más de $24 millones. La operación expone el avance del contrabando y la respuesta del Estado frente a mercadería ingresada de forma irregular.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la Dirección General Impositiva concretaron dos operativos que terminaron con el secuestro y la destrucción de bebidas alcohólicas de origen extranjero valuadas en más de 24 millones de pesos. La medida se tomó luego de detectar mercadería ingresada al país de manera irregular, en una maniobra que vuelve a poner bajo la lupa el negocio del contrabando y la facilidad con la que algunos circuitos ilegales logran insertar productos sin cumplir con los controles fiscales y aduaneros.

De acuerdo con lo informado por Infobae, las actuaciones se originaron a partir de controles realizados por los organismos de fiscalización, que identificaron lotes de bebidas cuyo ingreso no se ajustaba a la normativa vigente. Tras comprobar la irregularidad, las autoridades avanzaron con el decomiso y posterior destrucción de la mercadería, una decisión que busca evitar su reingreso al circuito comercial y enviar una señal de control en un mercado donde la evasión suele esconderse detrás de precios más bajos y una aparente oferta atractiva para el consumidor.

Este tipo de procedimientos no es menor. En Argentina, el contrabando de bebidas alcohólicas impacta en varios frentes al mismo tiempo: le quita recaudación al Estado, perjudica a comerciantes y productores que sí cumplen las reglas y, además, expone a los consumidores a productos sin trazabilidad clara. La decisión de destruir la mercadería, en lugar de reingresarla a subastas o redistribuciones, también refleja un criterio de prevención: si la mercadería entró de forma ilegal, su circulación futura puede convertirse en un problema sanitario, comercial y tributario. En un contexto de tensión económica, estos operativos suelen crecer porque el mercado ilegal encuentra terreno fértil cuando el diferencial de precios pesa más que el riesgo.

Lo ocurrido deja una postal conocida pero cada vez más relevante: detrás de una botella importada sin papeles no solo hay una falta administrativa, sino una cadena de evasión que afecta la competencia y la recaudación. Para el Estado, exhibir capacidad de control es una necesidad; para el mercado, una advertencia. Y para el consumidor, una recordación incómoda de que el precio más barato no siempre es el más inocente.

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