Dos trabajadores de Air-e fueron agredidos en inspección en Barranquilla
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Dos trabajadores de Air-e terminaron hospitalizados tras una agresión durante una inspección por lecturas anómalas en La Concepción, al norte de Barranquilla. El caso vuelve a poner sobre la mesa el nivel de tensión que rodea las visitas técnicas en medio de la crisis del servicio.
Dos trabajadores de Air-e resultaron heridos y fueron trasladados a una clínica tras ser agredidos con una piedra y un carro durante una inspección en el barrio La Concepción, en el norte de Barranquilla. El ataque ocurrió mientras el personal adelantaba una revisión por presuntas lecturas anómalas del servicio, una labor que en sectores de la ciudad se ha convertido en un punto sensible por la inconformidad acumulada con la empresa y el estado del suministro.
Según informó El Tiempo (Colombia), los hechos dejaron a los dos funcionarios con lesiones de consideración, por lo que tuvieron que recibir atención médica de inmediato. La situación se produjo en medio de un procedimiento rutinario de verificación, pero terminó escalando a una agresión directa que puso en riesgo la integridad del equipo técnico. Hasta ahora, la información conocida apunta a que el ataque se dio en plena diligencia de inspección, sin que se hayan detallado las causas exactas de la reacción violenta.
Este episodio no puede leerse como un hecho aislado. En la Costa Caribe, y particularmente en Barranquilla, las disputas entre usuarios y empresas de energía han ido creciendo al ritmo de los cobros, las revisiones y el malestar por el servicio. Cuando una inspección técnica termina en hospitalización, el problema deja de ser solo operativo: revela un deterioro de la confianza entre la compañía y parte de la comunidad. Y eso importa porque, en un escenario así, cada visita de campo puede convertirse en un foco de riesgo para trabajadores y residentes.
El caso también deja una advertencia sobre el clima en el que se mueve Air-e en la región. Si las brigadas encargadas de revisar consumos, conexiones o posibles irregularidades no pueden hacer su trabajo con garantías mínimas de seguridad, se complica aún más la gestión de un servicio ya presionado por quejas y tensiones acumuladas. Lo ocurrido en La Concepción obliga a mirar no solo la agresión puntual, sino la relación rota entre usuarios, empresa y autoridad en uno de los territorios donde la factura de la energía sigue siendo un problema de alta sensibilidad social.
