Cepeda acusa desorden en Agricultura: habla de 18.000 OPS y entidades “saqueadas”
Imagen: infobae colombia
Efraín Cepeda aseguró que el nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, encontró 18.000 contratos por prestación de servicios y varias entidades del sector agropecuario en estado de abandono. El pronunciamiento eleva la presión sobre el Gobierno Petro y reabre el debate sobre el manejo del aparato agrícola estatal.
El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, lanzó una acusación de alto voltaje político al afirmar que el recién posesionado ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, recibió un sector agropecuario con 18.000 contratos por prestación de servicios y varias entidades, según él, “saqueadas”. La denuncia no solo pone el foco sobre el estado interno del Ministerio y sus dependencias, sino que también abre un nuevo frente de tensión para el Gobierno de Gustavo Petro en un área sensible: la del campo, donde las promesas de transformación suelen chocar con la realidad administrativa y presupuestal.
De acuerdo con lo dicho por Cepeda, Dangond habría encontrado un panorama crítico en varias entidades adscritas al sector, lo que sugiere problemas de gestión, acumulación de contratistas y una estructura institucional debilitada. Aunque por ahora se trata de una versión política y no de un informe técnico publicado de manera independiente, el señalamiento tiene peso porque proviene de una figura con trayectoria en el Congreso y porque toca una de las zonas más vulnerables del Estado colombiano: la burocracia que sostiene la política agraria, desde la asistencia técnica hasta la ejecución de programas para campesinos y productores.
Más allá de la pelea entre partidos, el dato de 18.000 OPS resulta revelador por lo que implica en términos de funcionamiento público. En Colombia, la proliferación de contratos por prestación de servicios suele asociarse con alta informalidad laboral dentro del Estado, precarización de funciones permanentes y un margen amplio para la discrecionalidad política. Si además, como sostiene Cepeda, varias entidades quedaron “saqueadas”, la discusión deja de ser solo administrativa y pasa a ser fiscal, institucional y hasta electoral: ¿qué tan capaz será el nuevo ministro de ordenar la casa, depurar nóminas paralelas y devolverle capacidad operativa a un sector que debería ser clave para la seguridad alimentaria y la economía rural?
El momento no es menor. El campo colombiano arrastra rezagos históricos en inversión, infraestructura, crédito y formalización, y cualquier señal de desorden en el Ministerio de Agricultura termina golpeando a campesinos, pequeños productores y comunidades que dependen de decisiones tomadas en Bogotá. Por eso, si la afirmación de Cepeda se traduce en auditorías, hallazgos fiscales o decisiones de depuración interna, el caso podría escalar rápido. Si queda solo en el ruido político, el Gobierno habrá sumado una controversia más; pero si se comprueba, el daño no será solo reputacional: revelaría una estructura estatal todavía más frágil de lo que admite el discurso oficial.
