Finestrat adjudicó un contrato a un exdirigente del PP condenado por Gürtel
Imagen: El País
El Ayuntamiento de Finestrat adjudicó un contrato de 154.800 euros al despacho del exvicesecretario del PP casi cuatro meses después de que fuera condenado en el caso Gürtel. La decisión reabre el debate sobre los vínculos entre poder local, redes partidistas y contrataciones públicas.
El Ayuntamiento de Finestrat adjudicó un contrato de 154.800 euros al despacho de un exvicesecretario del Partido Popular apenas cuatro meses después de que este fuera condenado a tres años y ocho meses de prisión por su papel en la trama Gürtel, según informó El País. La operación se produjo durante la etapa en la que el consistorio estaba presidido por Pérez Llorca, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa la relación entre la política municipal y antiguos cuadros del partido.
De acuerdo con la información publicada por El País, el beneficiario del contrato había sido sentenciado por un tribunal en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha golpeado al PP en las últimas décadas. El encargo, valorado en 154.800 euros, fue adjudicado a su despacho cuando todavía pesaba de forma reciente la condena, un dato que eleva las preguntas sobre los criterios utilizados por el ayuntamiento para seleccionar a la firma y sobre la prudencia política de firmar un acuerdo de este tipo en ese momento.
El caso no solo tiene relevancia por la cifra, sino por el contexto. Gürtel no es un episodio aislado en la memoria política española: fue una red de corrupción que dejó una larga sombra sobre instituciones, partidos y administraciones públicas. Que un ayuntamiento entregue un contrato de ese calibre a un dirigente ya condenado no es un detalle menor, porque alimenta la percepción de que ciertas redes de confianza sobreviven más allá de las sentencias y de los costos reputacionales. Y en un momento en el que la contratación pública debería ser sinónimo de transparencia y distancia respecto de los escándalos, este episodio refuerza el escrutinio sobre cómo se toman decisiones en los gobiernos locales.
Para la ciudadanía, lo que está en juego va más allá de un expediente administrativo. Cada adjudicación de dinero público tiene un componente de confianza institucional, y cuando esa confianza se debilita, el daño se extiende desde el ayuntamiento hasta la credibilidad del sistema político en su conjunto. Lo ocurrido en Finestrat deja una pregunta incómoda: hasta qué punto las condenas por corrupción realmente separan a los partidos de sus viejas estructuras de poder, o si, por el contrario, solo cambian el nombre de quienes gestionan los mismos vínculos.
