Juez dejó en libertad a señalado de abusar de una mujer de 83 años en Antioquia
Imagen: infobae colombia
La detención de Wilber Alonso García, señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión, Antioquia, duró apenas un día antes de que quedara libre por decisión judicial. El caso desató una fuerte crítica del gobernador Andrés Julián Rendón y reabrió el debate sobre la respuesta del sistema de justicia frente a delitos sexuales violentos.
La captura de Wilber Alonso García terminó convertida en un episodio de frustración institucional: apenas 24 horas después de ser detenido por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una mujer de 83 años en La Unión, Antioquia, el señalado quedó en libertad por decisión de un juez. El caso, que ya había generado indignación en la región, volvió a poner sobre la mesa la distancia entre la gravedad de los hechos denunciados y las decisiones que adoptan algunas instancias judiciales en Colombia.
Según informó Infobae Colombia, la aprehensión de García se produjo poco antes de que recuperara la libertad, lo que aumentó el malestar entre autoridades departamentales y ciudadanos. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó abiertamente la decisión judicial y expresó su inconformidad con que un hombre señalado de un delito sexual contra una adulta mayor haya salido de custodia tan rápido. Su pronunciamiento refleja una tensión que no es nueva en el país: la percepción de que el sistema penal no siempre responde con la contundencia que exigen los casos de violencia sexual, especialmente cuando las víctimas son personas mayores y en condición de vulnerabilidad.
Más allá del nombre propio y del episodio puntual, este caso importa porque vuelve a mostrar una falla que erosiona la confianza pública: la sensación de que capturas, denuncias y pruebas preliminares no siempre se traducen en medidas judiciales proporcionales al riesgo o al impacto del delito. En territorios como Antioquia, donde la violencia de género y los ataques contra poblaciones vulnerables siguen siendo un problema persistente, cada decisión de este tipo se lee también como un mensaje institucional. Para la familia de la víctima y para la comunidad de La Unión, la discusión no es jurídica en abstracto, sino profundamente humana: qué tan protegido queda un adulto mayor cuando enfrenta una agresión de esta naturaleza y qué tan rápido puede revertirse una acción policial que parecía un primer paso hacia la justicia.
El caso seguramente seguirá generando debate sobre los criterios usados por los jueces al evaluar medidas de aseguramiento en delitos sexuales, así como sobre la capacidad del Estado para garantizar que las víctimas no queden expuestas por vacíos procesales o decisiones que la ciudadanía percibe como desproporcionadas. En una región donde la exigencia por seguridad convive con desconfianza hacia la justicia, este episodio no solo cuestiona una libertad otorgada: obliga a revisar si el sistema está priorizando suficientemente la protección de las víctimas más vulnerables.
