Buscadoras exhiben fallas en fosas ya revisadas y reabren la crisis forense en México
Imagen: infobae
La buscadora Margarita López volvió a poner en evidencia la crisis forense de México al denunciar que en fosas ya procesadas por peritos siguen apareciendo restos humanos sin identificar. Su reclamo apunta a un problema que se arrastra por años y que mantiene en el limbo a miles de familias.
Margarita López, fundadora del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, volvió a desnudar una de las heridas más profundas de la crisis forense mexicana: las fosas ya revisadas por autoridades siguen devolviendo restos humanos que no fueron recuperados en su momento y que, años después, todavía no tienen nombre. Su exigencia de una búsqueda más exhaustiva no es solo una crítica técnica; es la constatación de que el Estado ha llegado tarde, mal o simplemente no ha llegado en la identificación de cientos de personas desaparecidas.
De acuerdo con la información difundida por Infobae, la buscadora ha señalado que los colectivos han encontrado más restos en lugares donde peritos oficiales ya habían trabajado, lo que vuelve a poner bajo escrutinio los protocolos de exhumación, el procesamiento de escenas y la capacidad real de las fiscalías para cerrar expedientes. El problema no termina en el hallazgo: muchos de esos restos siguen sin identificarse después de varios años, atrapados en laboratorios saturados, bases de datos fragmentadas y una burocracia que convierte cada avance en una espera interminable para las familias.
El caso revela algo más grave que una falla aislada. En México, la búsqueda de desaparecidos se ha convertido en una labor que muchas veces recae en madres, hermanas y esposas que aprenden a cavar, registrar y cruzar información porque las instituciones no responden con la velocidad ni con la profundidad que exige la magnitud de la tragedia. Cuando una colectiva encuentra restos donde ya se había declarado concluida la inspección, lo que queda al descubierto es un sistema forense desbordado, con rezagos acumulados durante años y con una capacidad limitada para procesar la verdad que contienen las fosas clandestinas. Para las familias, cada hueso sin identificar prolonga la incertidumbre; para el país, confirma que la crisis de desapariciones sigue abierta y sin una solución de fondo.
La denuncia de López también ayuda a explicar por qué este tema trasciende el dolor privado y escala al terreno político. Cada hallazgo sin identificar alimenta la presión sobre fiscalías, comisiones de búsqueda y el propio Senado, que en distintos momentos ha tenido que mirar de frente la dimensión de una emergencia humanitaria que ya no se puede maquillar con cifras parciales. En el centro de todo permanece la pregunta incómoda: cuántos restos siguen enterrados, cuántos fueron mal procesados y cuántas familias seguirán esperando que el Estado haga, por fin, su trabajo completo.
