Bronx: mató a sus hijos, pero el tribunal la declaró no culpable por enfermedad mental
Imagen: infobae estados unidos
Dimone Fleming admitió que mató a sus dos hijos en el Bronx, pero un tribunal la declaró no culpable por enfermedad mental tras evaluar peritajes de psicosis. Ahora la jueza deberá decidir si seguirá internada en un hospital de alta seguridad o bajo supervisión.
El caso de Dimone Fleming dejó una conclusión judicial tan dura como incómoda para el sistema penal de Nueva York: la mujer que confesó haber matado a sus dos hijos fue declarada no culpable por enfermedad mental por un tribunal del Bronx. La decisión no borra la tragedia, pero sí cambia por completo el lugar donde se definirá su futuro inmediato: ya no en una prisión común, sino en un proceso médico y judicial que determinará si permanece en un centro psiquiátrico de alta seguridad, en uno menos restrictivo o bajo supervisión estatal.
Según informó infobae Estados Unidos, la jueza apoyó su resolución en peritajes que describieron un cuadro de psicosis, un elemento clave para sostener que Fleming no tenía capacidad mental suficiente para ser responsabilizada penalmente en el momento de los hechos. En este tipo de casos, el tribunal no absuelve en el sentido tradicional, sino que concluye que la culpabilidad penal no aplica bajo el estándar legal porque la enfermedad mental anuló la comprensión o el control de sus actos. Ese matiz es esencial: la causa no termina con una libertad inmediata, sino con una custodia indefinida sujeta a evaluación clínica.
Lo que sigue ahora es casi tan importante como el fallo mismo. La jueza deberá definir el nivel de internación que enfrentará Fleming, una decisión que depende de la evaluación del riesgo que representa para sí misma y para terceros. En la práctica, el sistema puede enviarla a un hospital psiquiátrico de alta seguridad si considera que existe una amenaza significativa, o a una institución con restricciones menores si los médicos creen que su estado es más manejable. También existe la posibilidad de una supervisión estricta fuera de una unidad cerrada, aunque en casos de homicidio infantil y evidencia de psicosis el margen suele ser limitado. Para la ciudad del Bronx, donde la violencia familiar y los vacíos en salud mental golpean con fuerza a las comunidades más vulnerables, el expediente vuelve a exponer una pregunta incómoda: qué falla primero cuando una crisis psiquiátrica termina en una muerte evitable.
Más allá del impacto emocional del caso, la resolución coloca otra vez en el centro del debate la relación entre salud mental, seguridad pública y responsabilidad penal. En Estados Unidos, estos fallos suelen generar indignación porque chocan con la intuición social de que una admisión de homicidio debe llevar inevitablemente a una condena carcelaria. Pero la ley opera con otra lógica: si una persona estaba en un episodio psicótico severo, el objetivo del Estado pasa a ser contener, tratar y monitorear, no castigar de la misma forma que a un acusado plenamente consciente. Para las familias afectadas, esa distinción rara vez alivia el dolor; para el sistema, en cambio, define si se está ante un crimen convencional o ante una tragedia marcada por una falla grave en la atención psiquiátrica.
