CPJ exige a Guinea-Conakri frenar la ofensiva contra France 24 y Jeune Afrique
Guinea-Conakri endurece su ofensiva contra la prensa: el CPJ exigió levantar el veto a France 24 y devolver la acreditación al periodista Diawo Barry. La medida agrava el pulso entre el gobierno de Mamadi Doumbouya y los medios críticos.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió este viernes a Guinea-Conakri que retire de inmediato el veto impuesto a France 24 y restituya la acreditación del corresponsal de Jeune Afrique, Diawo Barry, en una señal más del cierre progresivo del espacio informativo en el país africano. La advertencia del organismo llega después de que las autoridades guineanas sancionaran al canal francés por una referencia considerada ofensiva al presidente Mamadi Doumbouya y de que también cuestionaran el trabajo periodístico de Barry.
La decisión contra France 24 se formalizó el jueves por orden de la Alta Autoridad de la Comunicación (HAC), el regulador de medios en Guinea, luego de que un presentador llamara “presidente golpista” a Doumbouya durante la cobertura de una visita oficial a Costa de Marfil. Aunque la cadena ofreció disculpas públicas y publicó una rectificación en sus plataformas digitales, la respuesta oficial fue más dura: el organismo retiró las credenciales de todos los corresponsales y colaboradores del medio en el país. En paralelo, la HAC revocó el visado de prensa a Barry con el argumento de que sus textos no cumplían con los estándares de neutralidad y objetividad, una acusación que Jeune Afrique rechazó por considerarla imprecisa y adoptada sin un proceso previo de consulta.
Para el CPJ, lo que está ocurriendo en Guinea no es un episodio aislado ni una simple disputa regulatoria, sino una estrategia de intimidación contra el periodismo independiente. Según el representante del organismo para África francófona, Moussa Ngom, la sanción a France 24 y el castigo a Jeune Afrique buscan enviar un mensaje al resto de la prensa: cuestionar al poder puede costar la salida del aire o la pérdida de cobertura. El contexto importa porque Guinea atraviesa una etapa de fuerte concentración del poder tras el golpe de 2021 y la consolidación política de Doumbouya, cuyo gobierno ha sido señalado por organizaciones internacionales por cierres de medios, detenciones sin juicio y desapariciones de periodistas y opositores.
La gravedad del caso va más allá de dos nombres propios. Cuando un gobierno convierte el lenguaje crítico en un motivo para sancionar emisoras y retirar acreditaciones, lo que se erosiona no es solo la libertad de prensa: también se debilita el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y a fiscalizar a sus gobernantes. En un país donde ya se han documentado más de 15 desapariciones atribuidas por la oposición a la represión estatal, cada nueva restricción amplía el clima de miedo y autocensura. Y eso, en la práctica, deja a la sociedad guineana con menos herramientas para entender quién manda, cómo gobierna y qué está dispuesto a tolerar.
