Gobierno expide 15 decretos por la emergencia del terremoto y abre alivios para empresas y hogares
Imagen: infobae colombia
Tras el terremoto del 10 de agosto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella activó una batería de 15 decretos para enfrentar la emergencia. Las medidas tocan salud, vivienda, empleo, impuestos, transporte y empresas en 16 departamentos afectados.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso en marcha al menos 15 decretos para responder a la emergencia económica, social y ecológica declarada tras el terremoto del 10 de agosto, una sacudida que dejó una de las peores radiografías de desastre reciente en el país. Las medidas, que comenzaron a salir del Dapre y que aplicarán en los municipios con afectación directa acreditada, buscan contener el daño inmediato y sostener la recuperación en territorios golpeados en 16 departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Risaralda.
La magnitud del desastre explica la velocidad de la respuesta oficial. Según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el sismo dejó 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos, además de 36.327 viviendas destruidas y 201.939 averiadas. También se reportaron 743 edificios colapsados, 6.383 con daños, 521 vías afectadas, 102 puentes vehiculares comprometidos y 141 acueductos dañados. Con ese telón de fondo, el Decreto 1412 abrió la serie normativa con una adición de $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación de 2026, recursos que provienen de un crédito externo por 200 millones de dólares y que serán administrados junto con el Fondo Milagro, creado por De la Espriella para canalizar la atención de la emergencia.
El propio Ejecutivo calcula que el terremoto podría restarle al menos $30 billones a la economía, un golpe equivalente a 1,5% del PIB, aunque aclara que la cifra todavía está en construcción. Ese dato no es menor: cuando el impacto fiscal apenas empieza a medirse, el Gobierno ya anticipa medidas tributarias, aduaneras y de contratación estatal para no dejar que la reconstrucción se convierta en una carga imposible para las finanzas públicas. En la práctica, el paquete normativo intenta sostener tres frentes al mismo tiempo: salvar empresas, proteger empleos y evitar que la destrucción física se traduzca en un desorden social más profundo.
Entre las decisiones más sensibles aparece el Decreto 1418, que apunta a micro, pequeñas y medianas empresas, comerciantes, trabajadores independientes y demás unidades productivas afectadas. Hasta el 25 de agosto, 30.449 empresas y unidades productivas habían reportado daños, con pérdidas potenciales estimadas entre $3,6 billones y $10,7 billones. El Gobierno también calculó entre 627.000 y 1,9 millones de empleos expuestos a algún nivel de riesgo, una advertencia que debe leerse con cuidado: no significa que esos puestos ya se perdieron, pero sí que están en zona crítica. A ello se suma que 40,4% de las unidades consultadas no estaba en condiciones de operar, por lo que las Cámaras de Comercio podrán orientar aportes de 2026 y 2027 hacia programas de recuperación. Además, las sociedades que prueben afectación directa tendrán durante un año facilidades como fusiones abreviadas, venta de activos, reducción de capital, emisión de acciones y pago de dividendos en títulos, una flexibilización pensada para evitar quiebras en cadena.
La letra pequeña de estos decretos revela el verdadero desafío: no basta con anunciar recursos, hay que lograr que lleguen rápido y sin tropiezos a zonas donde la infraestructura quedó partida y la economía local se detuvo. En un país donde los desastres suelen convertirse en discusiones burocráticas, la eficacia de esta respuesta será la que termine midiendo no solo la capacidad del Gobierno para administrar la emergencia, sino también su margen político frente a millones de damnificados que necesitan soluciones antes de que la catástrofe se vuelva rutina.
