Henríquez aclara que francotiradores en el Congreso fueron solicitados por seguridad de Petro
Imagen: El Tiempo - Política
La polémica por la presencia de francotiradores en el Congreso durante las marchas escaló tras un comentario de Jennifer Pedraza, que terminó apuntando en la dirección equivocada. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aclaró que el despliegue respondió a una solicitud del equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro.
La discusión por la presencia de francotiradores en el Congreso durante las marchas tomó un giro inesperado cuando la representante Jennifer Pedraza criticó el operativo sin precisar quién lo había solicitado. La reacción abrió un nuevo frente político, pero el dato central terminó corrigiendo el blanco de la controversia: según explicó el presidente del Senado, Honorio Henríquez, la orden se dio a petición del equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro.
La aclaración de Henríquez busca cerrar una lectura que había empezado a circular alrededor de la actuación de la mesa directiva del Senado y de los órganos de seguridad del Capitolio. En este caso, el punto clave no es solo quién autorizó el dispositivo, sino por qué se activó en medio de una jornada de marchas y de alta sensibilidad política. La versión ofrecida por el presidente del Senado traslada la responsabilidad de la solicitud al esquema de protección del exmandatario, lo que cambia por completo el eje del debate público.
Este episodio vuelve a mostrar un problema recurrente en la política colombiana: la rapidez con la que una denuncia o crítica puede construirse sobre una premisa incompleta y terminar alimentando la polarización. En lugar de concentrarse en si el dispositivo era necesario, la discusión quedó atrapada en una disputa sobre autoría y atribuciones, un terreno fértil para el ruido político pero poco útil para esclarecer cómo se toman decisiones de seguridad en escenarios de protesta. Y ese punto sí importa, porque cualquier despliegue en una sede legislativa durante manifestaciones toca fibras sensibles: seguridad institucional, garantías para la protesta y percepción ciudadana sobre el uso de medidas extraordinarias.
Más allá del rifirrafe entre congresistas y exmandatarios, el caso deja una señal clara: en Colombia, los asuntos de seguridad siguen siendo combustible político de alto voltaje. Cuando un operativo de este tipo se interpreta mal o se comunica peor, el costo no es solo reputacional; también afecta la confianza en las instituciones y deja en evidencia lo fácil que resulta convertir un protocolo preventivo en una controversia nacional.
