La Fiscalía reprocha a Peinado su gestión del caso Begoña Gómez antes de jubilarse

La Fiscalía ha cuestionado con dureza la manera en que el juez Juan Carlos Peinado ha gestionado la fase final del caso Begoña Gómez, al reprocharle que haya actuado sin respetar el trabajo técnico de los profesionales que intervienen en la causa. El señalamiento llega justo cuando el magistrado se jubila este domingo y pone el cierre a una investigación que ha estado rodeada de tensión procesal, ruido político y un choque cada vez más visible entre el juzgado y el ministerio público.

Según informó El País, el ministerio público no solo discrepa del fondo de algunas decisiones adoptadas por Peinado, sino también del ritmo con el que ha impulsado las últimas diligencias. Esa crítica no es menor: en un caso de este perfil, los tiempos judiciales no son un asunto administrativo, sino parte del mensaje institucional que se envía sobre la solidez de la instrucción, la calidad de las garantías y el equilibrio entre la urgencia mediática y las exigencias del procedimiento. La Fiscalía ha dejado caer, en esencia, que no todo vale en nombre de la premura, menos aún cuando están en juego derechos procesales y la credibilidad de la causa.

El caso Begoña Gómez se ha convertido en uno de los frentes judiciales más sensibles de la política española, no tanto por lo que se ha probado hasta ahora, sino por lo que representa: una investigación que ha ido alimentando el pulso entre sectores del poder judicial, el Ejecutivo y la oposición, con cada movimiento leído en clave política. Que el fiscal acuse al juez de pasar por encima de los profesionales añade una capa más a ese desgaste institucional y abre preguntas incómodas sobre cómo se tramitan las causas de alto impacto público cuando el foco mediático pesa casi tanto como el expediente. Para el ciudadano común, la discusión importa porque habla de algo básico: si la justicia se administra con rigor o si, por el contrario, se deja arrastrar por la presión del momento.

La jubilación de Peinado no cierra del todo el debate, pero sí marca un punto de inflexión. Su salida deja detrás una investigación que seguirá siendo observada de cerca por su alcance político y por las consecuencias que pueda tener para la percepción pública de la independencia judicial. En un país donde cada causa sensible acaba convertida en termómetro de confianza institucional, este episodio no solo mide a un juez y a una Fiscalía: también revela hasta qué punto la justicia española resiste, o no, la tentación de convertirse en campo de batalla partidista.