El decreto de vivienda se atasca mientras la protesta escala en Madrid y Barcelona
Imagen: El País
La negociación del decreto de vivienda entra en una fase crítica y el propio Gobierno admite que el lunes será largo. Mientras tanto, las protestas por el acceso a la vivienda se expanden a Barcelona y mantienen la presión sobre Pedro Sánchez.
El pulso por el decreto de vivienda ha entrado en horas decisivas y, por ahora, nadie dentro del bloque de Gobierno da señales de victoria. Sumar ha advertido que el acuerdo sobre el texto “sigue muy lejos”, mientras el Ejecutivo asume que será “un lunes muy largo” de conversaciones para intentar salvar una norma que llega rodeada de tensión política y social. La disputa no es solo técnica: refleja hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno en una materia que afecta de lleno a millones de inquilinos, especialmente en las grandes ciudades españolas.
La negociación se desarrolla al mismo tiempo que la protesta por la vivienda gana visibilidad en la calle. En Madrid, la acampada en Sol encara ya su tercer día, convertida en un símbolo del malestar acumulado por los precios del alquiler, la escasez de oferta y la sensación de que las respuestas institucionales van por detrás de la emergencia habitacional. En Barcelona, la movilización también se ha extendido coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez, un detalle que aumenta la presión política sobre Moncloa y coloca el problema en el centro del debate público justo cuando el Gobierno necesita exhibir estabilidad y capacidad de pacto.
El trasfondo es conocido, pero cada vez más explosivo. España arrastra desde hace años una crisis de acceso a la vivienda que golpea sobre todo a jóvenes, trabajadores precarios y familias de rentas medias que ven cómo el alquiler consume una parte cada vez mayor de sus ingresos. En ese contexto, cualquier decreto se convierte en una prueba de fuego para la coalición: si el texto sale demasiado descafeinado, corre el riesgo de decepcionar a quienes exigen medidas más contundentes; si aprieta demasiado al mercado, puede chocar con sectores económicos y con parte de los socios parlamentarios necesarios para aprobarlo. Por eso el pulso no es menor: lo que está en juego no es solo un paquete normativo, sino la credibilidad del Gobierno para responder a una de las principales preocupaciones sociales del país.
La imagen de Sol y la protesta extendida a Barcelona dibujan además una advertencia política de fondo: la vivienda ya no es un debate sectorial, sino un conflicto social de primer orden. Si el Ejecutivo no logra cerrar un acuerdo sólido en las próximas horas, la sensación de bloqueo puede traducirse en más presión en la calle y más desgaste en el Congreso. En otras palabras, el lunes no solo será largo en la mesa de negociación; también puede serlo para un Gobierno obligado a demostrar que sabe convertir el malestar ciudadano en medidas concretas antes de que la crisis de vivienda siga creciendo por encima de su propia capacidad de respuesta.
