El «Gato Volador» y el precio de los votos: las redes electorales detrás del ascenso político en Barranquilla

En los sectores populares de Barranquilla, donde numerosas familias han esperado durante años soluciones a problemas de vivienda, servicios públicos e infraestructura, la actividad política no siempre se ha limitado a discursos, programas de gobierno y reuniones comunitarias.

Durante diferentes campañas electorales, las necesidades de los habitantes también han aparecido vinculadas con ofrecimientos de materiales de construcción, promesas de obras y ayudas particulares.

Es en ese escenario donde adquiere relevancia la trayectoria de Laureano Augusto Acuña Díaz, conocido como el «Gato Volador», quien pasó de participar en la movilización electoral de dirigentes tradicionales a ocupar una curul en el Senado de la República.

La pregunta central no es solamente cómo consiguió ascender políticamente.

Es qué papel desempeñaron los ofrecimientos de beneficios materiales en la construcción de las redes electorales que facilitaron ese ascenso.

Materiales de construcción y compromisos electorales

En los barrios donde una familia necesita reparar un techo, conseguir tuberías para el agua o mejorar una vivienda, un ofrecimiento de materiales puede representar una ayuda considerable.

Pero cuando esos bienes se condicionan a respaldar una candidatura, dejan de ser una simple colaboración y se convierten en un posible mecanismo de corrupción electoral.

Los relatos conocidos sobre las primeras campañas de Acuña describen la participación de intermediarios encargados de conseguir apoyos entre vecinos mediante la distribución de cemento, bloques, tejas y otros materiales.

Esos testimonios plantean la existencia de compromisos entre operadores políticos y electores, aunque para atribuir responsabilidades penales individuales es necesario establecer quién realizó cada ofrecimiento, bajo qué condiciones y con qué pruebas.

El punto fundamental es determinar si las ayudas fueron entregadas libremente o si estaban vinculadas a una exigencia de votar por determinados candidatos.

De tres mil apoyos previstos a una votación superior

En las elecciones al Concejo de Barranquilla del año 2000, Acuña obtuvo aproximadamente 8.400 votos, una cifra que lo situó entre los candidatos con mayor respaldo de la ciudad.

Los antecedentes periodísticos sobre aquella campaña describen una estructura de movilización que inicialmente habría proyectado conseguir unos tres mil apoyos.

La votación finalmente alcanzada superó ampliamente esa expectativa.

Sin embargo, la diferencia entre una meta electoral y el resultado obtenido no constituye una prueba de compra de votos.

Para establecer si existieron irregularidades sería necesario documentar la procedencia de los materiales, los compromisos asumidos por los beneficiarios y la participación específica de los organizadores de campaña.

También corresponde distinguir la entrega de propaganda y la actividad comunitaria legítima de las promesas o beneficios condicionados al sufragio.

Cuando la necesidad se convierte en una herramienta política

La posible utilización de materiales de construcción para conseguir votos plantea una cuestión especialmente delicada en comunidades con necesidades básicas insatisfechas.

Una persona que necesita mejorar su vivienda puede encontrarse en una situación de desigualdad frente a un operador electoral que dispone de recursos y capacidad para ofrecer soluciones inmediatas.

Esa desigualdad no permite concluir que todos los beneficiarios vendieron su voto.

Pero sí obliga a examinar si las necesidades fueron utilizadas deliberadamente para obtener compromisos políticos.

La investigación sobre estas prácticas debe mirar más allá del elector y preguntarse por quienes organizan, financian y supervisan la distribución de los beneficios.

¿De dónde proceden los materiales?

¿Quién decide qué familias los reciben?

¿Existe alguna condición electoral para obtenerlos?

¿Se llevan registros de compromisos de votación?

¿Quién responde por el dinero utilizado?

Estas preguntas permiten pasar de una descripción de la trayectoria de un político a una investigación sobre los mecanismos de adquisición de apoyos electorales.

El papel de los intermediarios

En las campañas políticas locales, los intermediarios pueden facilitar el contacto entre candidatos y comunidades.

Esa función no constituye, por sí misma, una irregularidad.

Sin embargo, cuando un intermediario ofrece dinero, materiales o beneficios a cambio del voto, la actividad adquiere otra dimensión jurídica.

Los testimonios sobre las redes electorales del Atlántico han descrito formas de organización en las que dirigentes territoriales se comprometen a conseguir cantidades determinadas de apoyos.

El desafío investigativo consiste en determinar cuándo esas metas corresponden a actividades políticas legítimas y cuándo se respaldan mediante intercambios indebidos.

Sin documentos, testimonios corroborados y registros verificables, no es responsable afirmar que cada voto obtenido mediante una organización territorial fue comprado.

El ascenso de Laureano Acuña y las preguntas pendientes

Después de llegar al Concejo en 2000, Acuña consiguió una curul en la Cámara de Representantes en 2010 y posteriormente fue elegido senador en 2014.

Su ascenso confirma que logró desarrollar una estructura electoral con capacidad para competir más allá del escenario municipal.

Pero la existencia de una trayectoria electoral exitosa no demuestra cómo votó cada ciudadano ni si se cometieron delitos durante las campañas.

La investigación debe establecer si las prácticas atribuidas a determinados operadores se mantuvieron, cambiaron o desaparecieron a medida que Acuña consiguió cargos de mayor alcance.

También requiere identificar posibles responsables, comprobar la procedencia de los recursos y contrastar los señalamientos con la versión del dirigente y de las personas mencionadas.

¿Se puede comprar la voluntad de un elector?

El voto es un derecho político que debe ejercerse libremente.

Cuando se ofrece un beneficio particular condicionado a una decisión electoral, la autonomía del ciudadano puede verse comprometida.

La legislación colombiana contempla sanciones para la corrupción del sufragante.

No obstante, determinar si una conducta concreta configura ese delito exige examinar los hechos y el marco jurídico aplicable.

No basta con que un candidato haya entregado ayudas o recibido una votación elevada.

Debe establecerse la relación entre el beneficio ofrecido y la exigencia de votar en determinado sentido.

Esa es precisamente la diferencia entre denunciar una práctica preocupante y demostrar un hecho punible.

Una investigación que debe seguir el rastro de los recursos

El verdadero interés público de esta historia está en reconstruir el funcionamiento de las redes de apoyo electoral.

La trayectoria del «Gato Volador» ofrece un punto de partida para examinar cómo se movilizan votantes en determinados sectores de Barranquilla y qué papel pueden desempeñar los bienes materiales en esas relaciones.

Pero una investigación completa debe ir más allá de los resultados electorales y los testimonios generales.

Debe identificar operaciones concretas, fechas, beneficiarios, intermediarios, proveedores, registros financieros y respuestas de las personas señaladas.

También debe establecer si existieron denuncias formales ante autoridades electorales, disciplinarias o judiciales.