El Gobierno admite que los montes vecinales expoliados por el franquismo pueden ser víctimas
Imagen: infobae
El Gobierno abrió la puerta a reconocer como víctimas de la dictadura a las comunidades de montes vecinales gallegas expropiadas o usurpadas durante el franquismo. La respuesta, dirigida al BNG, puede reactivar demandas de reparación patrimonial y simbólica pendientes desde hace décadas.
El Gobierno ha admitido que las comunidades de montes vecinales en mano común intervenidas, ocupadas o expropiadas por Patrimonio Forestal del Estado durante el franquismo pueden ser consideradas víctimas de la dictadura. La respuesta oficial, dirigida al diputado del Bloque Nacionalista Galego Néstor Rego, no solo abre la puerta a ese reconocimiento, sino que incorpora a estas comunidades dentro del marco de reparación previsto por la Ley de Memoria Democrática, un paso con fuerte carga política y también patrimonial.
En su contestación, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo sostiene que la norma contempla la reparación moral y la recuperación de la memoria personal, familiar y colectiva de quienes sufrieron persecución bajo el franquismo, incluyendo a quienes padecieron represión económica mediante incautaciones y pérdida total o parcial de bienes. Sobre esa base, el Gobierno señala que las comunidades de montes podrían encajar “sin dificultad” entre las entidades represaliadas por la dictadura, al tratarse de propiedades que, según reconoce la propia respuesta, fueron usurpadas de forma ilegítima. Rego había planteado si esos afectados podían ser compensados y si era posible declarar nulos los actos y transacciones jurídicas realizados sobre esos montes hasta 1980, una petición que revela la magnitud del conflicto heredado en Galicia.
El asunto importa por algo más que una discusión legal. En Galicia, los montes vecinales en mano común son una pieza central de la organización territorial y económica de muchas parroquias rurales, y su expolio durante el franquismo dejó heridas que todavía afectan a la gestión del territorio, a la propiedad colectiva y a la memoria de las comunidades locales. Que el Estado reconozca ahora que estas entidades pueden ser víctimas supone un cambio relevante en el enfoque institucional: ya no se trata solo de hablar de represión política, sino también de la violencia económica y administrativa ejercida sobre bienes comunales. Ese reconocimiento, además, podría abrir la puerta a futuras reclamaciones de restitución, nulidad de actuaciones o compensaciones, aunque cualquier avance concreto dependerá de cómo se interprete jurídicamente la norma y de la voluntad política de desarrollar medidas específicas.
La respuesta del Gobierno deja entrever que la memoria democrática no se agota en homenajes o exhumaciones: también alcanza a la recuperación de bienes, derechos y dignidad colectiva. Para muchas comunidades rurales gallegas, el debate no es abstracto ni simbólico. Tiene que ver con tierras, con aprovechamientos forestales, con capacidad de decidir sobre el territorio y con una deuda histórica que el Estado empieza a reconocer tardíamente. Lo que venga después dirá si ese reconocimiento se traduce en reparación real o si queda, una vez más, en el terreno de las declaraciones solemnes.
