UAEM bajo presión por denuncias de violencia contra alumnas y fallas de protección
Imagen: El País
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos vuelve a quedar bajo escrutinio por denuncias de violencia contra sus alumnas y una cadena de omisiones institucionales. El caso se reactivó tras el asesinato de Claudia Tacoronte, que expuso fallas de atención y protección.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha vuelto al centro de la discusión pública por algo mucho más grave que un conflicto interno: la denuncia de que varias de sus estudiantes fueron ignoradas, desprotegidas o, peor aún, expuestas durante años a agresiones que la institución no atendió con la urgencia debida. El caso cobró nueva fuerza tras el asesinato de Claudia Tacoronte, un hecho que no solo estremeció a la comunidad universitaria, sino que reabrió preguntas incómodas sobre la capacidad real de la universidad para prevenir, sancionar y contener la violencia contra las mujeres dentro de sus espacios.
De acuerdo con el reportaje de El País, alumnas de la UAEM relatan un patrón repetido de negligencia institucional: denuncias que no avanzan, respuestas tardías, expedientes que se estancan y autoridades que, en lugar de cortar de raíz la agresión, permitieron que los presuntos responsables siguieran circulando por la universidad. La frase que sintetiza el malestar de las víctimas —la idea de que protegieron a su agresor durante años— no es solo un reclamo emocional; es la descripción de una falla estructural. Cuando una universidad pública normaliza la inacción frente a denuncias de violencia de género, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una forma de complicidad por omisión.
Lo que está en juego en Morelos no es únicamente la reputación de una institución educativa, sino la credibilidad de todo un sistema que en México y en América Latina sigue fallando a la hora de responder a la violencia contra las mujeres. En entornos universitarios, donde las víctimas dependen de protocolos internos para pedir ayuda, cualquier retraso puede traducirse en impunidad y en nuevas agresiones. Por eso el asesinato de Claudia Tacoronte opera como un punto de quiebre: obliga a revisar si la universidad tenía mecanismos reales de prevención o si, como denuncian las estudiantes, solo existían en papel. También deja una advertencia más amplia sobre la vida cotidiana de miles de jóvenes que estudian en instituciones públicas y privadas: sin rutas claras de atención, sin sanciones efectivas y sin acompañamiento psicológico y jurídico, denunciar sigue siendo un acto de alto riesgo.
El caso de la UAEM resume una paradoja que se repite en muchas universidades de la región: instituciones que se presentan como espacios de formación y progreso, pero que en la práctica reproducen silencios, jerarquías y abusos. Si las denuncias de las alumnas se confirman, el costo no será solo legal o político; será humano. Y en estos casos, el daño más profundo no siempre lo produce el agresor, sino el sistema que decide mirar hacia otro lado cuando aún estaba a tiempo de actuar.
