Guatemala despeja 34 bloqueos en medio de tensión por combustibles y choque con la justicia
Imagen: infobae
Guatemala amaneció con sus 34 bloqueos levantados tras una operación policial y militar ordenada por la Corte de Constitucionalidad. El Gobierno defendió el despliegue, pero la crisis dejó heridos, detenidos y una nueva pulseada con los transportistas y manifestantes.
El Gobierno de Guatemala aseguró este sábado que logró despejar los 34 bloqueos que paralizaban varias carreteras del país por la subida en el precio de los combustibles y, en algunos casos, por exigencias de renuncia contra el presidente Bernardo Arévalo. La operación, ejecutada por fuerzas de seguridad en cumplimiento de una orden de la Corte de Constitucionalidad, devolvió la circulación a corredores clave del centro, el sur, el este y el norte del territorio, en una jornada que elevó la tensión política y dejó al descubierto la fragilidad del orden público en plena crisis social.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que el despliegue permitió recuperar 20 puntos en el Distrito Central, cuatro en el sur, cuatro en el este y seis en el norte. Entre los tramos más sensibles figuraron los kilómetros 7 y 13 de la ruta al Atlántico y el kilómetro 124 en Río Hondo, Zacapa, donde se levantó el último bloqueo hacia las 11:30 de la noche del viernes, tras unas 13 horas de interrupción. Villeda sostuvo que el Ejecutivo actuó dentro del plazo fijado por el máximo tribunal, aunque cuestionó que la orden judicial les concediera apenas seis horas para ejecutar el operativo. Según su versión, la notificación llegó cerca de las 7:00 de la noche y la cuenta regresiva vencía a las 2:00 de la madrugada del sábado, un margen que calificó de insuficiente aunque, insistió, el Gobierno ya tenía preparado un dispositivo conjunto con el presidente y el ministro de Defensa, Henry Sáenz.
Más allá del lenguaje institucional, lo ocurrido refleja una pulseada que va mucho más allá del combustible. En Guatemala, cada cierre de carretera golpea de inmediato la movilidad de trabajadores, el abastecimiento de alimentos y el transporte de mercancías, especialmente en rutas que conectan la capital con regiones productivas y fronterizas. Por eso la intervención del Estado no solo buscó despejar vías, sino también enviar un mensaje de control en medio de un conflicto que combina malestar económico, presión política y desafío a la autoridad. El propio Villeda recordó que desobedecer una orden del Constitucional puede derivar en la destitución de funcionarios apercibidos, aunque aclaró que el fallo no ordenó directamente separar a las autoridades de seguridad, sino que advirtió esa consecuencia en caso de incumplimiento.
El operativo dejó además un saldo que obliga a mirar con cautela el desenlace de este episodio: alrededor de 14 personas fueron puestas a disposición judicial y ocho vehículos quedaron bajo custodia de las autoridades por su presunto uso en los bloqueos, según reportó Prensa Libre. Dos agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos por arma de fuego en puntos del oriente del país, un dato que revela que la crisis ya no se limitaba a una disputa por el precio del combustible, sino que entró en una fase de confrontación directa. Para el Gobierno de Arévalo, el desafío ahora no es solo mantener las rutas abiertas, sino evitar que el descontento social siga escalando en un país donde el costo de la gasolina suele convertirse rápidamente en una factura política.
