Melilla agrava la crisis: Sánchez se defiende sin pruebas contra Marruecos y con su gabinete fracturado
Imagen: El País
La crisis política por la gestión del salto a la valla de Melilla sigue abierta, mientras el Gobierno intenta sostener que no hay pruebas de una implicación marroquí en la tragedia. La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso dejó además expuestas las fisuras internas entre el Ejecutivo, la Policía y la jueza de la Audiencia Nacional.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha salido a contener la tormenta política desatada por la ocultación del informe policial sobre el salto a la valla de Melilla, pero lo hace en una posición cada vez más incómoda: insiste en que no dispone de pruebas de que Marruecos organizara la entrada masiva, al tiempo que crece el malestar dentro del propio Ejecutivo por el choque con la Policía y por el papel de la jueza de la Audiencia Nacional que investiga lo ocurrido. La comparecencia del presidente en el Congreso, además, dejó en evidencia que el caso no solo erosiona la relación con la oposición, sino también la cohesión del bloque gubernamental.
Según informó El País, la intervención de Sánchez se produjo sin apoyos claros y en medio de una tensión acumulada por la forma en que se gestionó la información policial sobre los hechos de Melilla. El asunto no es menor: lo que está en discusión no es una discrepancia técnica, sino la credibilidad institucional del Estado ante una de las tragedias migratorias más graves en la frontera sur de España. La versión oficial sigue marcando distancia con la idea de una operación organizada por Rabat, pero la controversia se ha desplazado hacia otra pregunta más incómoda: qué sabía realmente el Gobierno, cuándo lo supo y por qué el informe terminó convertido en un problema político de primer orden.
La crisis importa porque toca tres nervios sensibles a la vez: la política migratoria, la relación con Marruecos y la transparencia de las instituciones españolas. En el fondo, el episodio muestra hasta qué punto la frontera de Melilla sigue siendo un punto ciego para la rendición de cuentas, donde se cruzan intereses diplomáticos, presión policial y la gestión de un Gobierno que necesita sostener la cooperación con Rabat sin aparecer como rehén de ella. Para la gente de a pie, especialmente para quienes viven en las ciudades fronterizas o para las miles de personas que intentan cruzar hacia Europa en condiciones extremas, lo que está en juego es mucho más que una disputa parlamentaria: es la pregunta sobre si el Estado protege derechos, investiga con rigor y asume responsabilidades cuando una crisis humanitaria se desborda.
El daño político, además, puede prolongarse. Si el Ejecutivo no logra cerrar las grietas abiertas con la Policía ni aclarar del todo la secuencia de decisiones alrededor del informe, la sospecha seguirá alimentando el desgaste. Y en un país donde la gestión de la inmigración suele convertirse rápidamente en munición partidista, el caso Melilla amenaza con dejar una huella más profunda: la de un Gobierno obligado a defenderse no solo de sus adversarios, sino también de las dudas que nacen dentro de su propia estructura de poder.
