Gobierno prepara liquidación de Air-e y estudia una empresa pública para el Caribe
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El Gobierno Nacional prepara la liquidación de Air-e y estudia fusionarla con Gecelca para crear una empresa pública de energía en La Guajira, Magdalena y Atlántico. La movida busca responder a la crisis del servicio en el Caribe, pero abre una nueva discusión sobre costos, control estatal y resultados.
El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una salida drástica para Air-e, la empresa que hoy presta el servicio de energía en La Guajira, Magdalena y Atlántico con un historial de quejas por fallas, interrupciones y mala atención al usuario. Según informó El Tiempo (Colombia), el Ejecutivo alista la liquidación de la compañía y evalúa una fusión con Gecelca para levantar una nueva empresa pública que asuma la distribución en una de las zonas más golpeadas por los problemas estructurales del sistema eléctrico en el Caribe colombiano.
La decisión no es menor: implicaría que el Estado tome control directo de un negocio que, en la práctica, ha terminado convertido en foco de desgaste social y político. De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo (Colombia), la apuesta oficial sería combinar capacidades de generación o respaldo empresarial con una plataforma pública de suministro que responda en los tres departamentos mencionados. En el papel, el objetivo es corregir una operación que no ha logrado estabilizar el servicio ni recuperar la confianza de los usuarios, quienes han cargado durante años con apagones, cobros cuestionados y una percepción creciente de abandono institucional.
El trasfondo es conocido por cualquiera que siga la crisis energética del Caribe: no se trata solo de una empresa en aprietos, sino de una cadena de problemas que mezcla infraestructura envejecida, pérdidas técnicas y comerciales, tensión tarifaria y una relación rota entre prestador y ciudadanía. Por eso, la eventual liquidación de Air-e puede leerse como un reconocimiento tácito de que el modelo vigente fracasó. Pero también abre preguntas más complejas: ¿tendrá el Estado músculo financiero para sostener una nueva operadora?, ¿cómo evitar que la solución repita los mismos errores bajo otro nombre?, ¿y qué pasará con la presión sobre tarifas, subsidios e inversiones en redes? En una región donde la energía no es un lujo sino una condición básica para trabajar, estudiar y vivir con dignidad, cualquier transición mal diseñada puede empeorar el problema antes de resolverlo.
Si el plan avanza, el gobierno no solo estaría cambiando de operador; estaría asumiendo políticamente la responsabilidad de reparar un sistema que lleva años fallando frente a millones de usuarios. El reto será demostrar que una empresa pública puede ofrecer más estabilidad, más control y menos improvisación que la fórmula actual. En el Caribe, la verdadera prueba no será la liquidación de Air-e, sino si el Estado logra construir algo mejor en su lugar.
