El Gobierno vasco amplía la semilibertad de Olarra Guridi
Imagen: El País
El Gobierno vasco ha ampliado el régimen de semilibertad de Olarra Guridi, exjefe de ETA, apenas tres meses después de que un juez anuló esa decisión. Desde julio de 2025 ya salía de prisión de lunes a viernes y ahora pasará más tiempo fuera tras ser reclasificado en tercer grado.
El Gobierno vasco ha vuelto a conceder semilibertad a Olarra Guridi, antiguo jefe de ETA, y lo ha hecho apenas tres meses después de que un juez revocara la medida anterior. La nueva decisión amplía el tiempo que el preso pasará fuera de la cárcel tras haber sido reclasificado en tercer grado penitenciario, un paso que en la práctica supone un régimen más flexible de cumplimiento de condena.
Según informó El País, Guridi ya disfrutaba desde julio de 2025 de salidas diarias de lunes a viernes, un esquema que ahora se ensancha con esta nueva clasificación. El cambio vuelve a colocar bajo la lupa una de las cuestiones más sensibles del sistema penitenciario español: cómo se gestionan los beneficios carcelarios en los casos vinculados al terrorismo y qué margen tienen las instituciones autonómicas y judiciales para sostener o frenar esas decisiones.
El episodio no es menor porque reabre un debate que en España nunca termina de cerrarse del todo. La política penitenciaria hacia los presos de ETA ha estado marcada durante años por la tensión entre la reinserción, la seguridad jurídica y la memoria de las víctimas. Cada avance en el régimen de cumplimiento para antiguos miembros de la banda provoca un choque entre quienes lo ven como una aplicación ordinaria de la ley y quienes consideran que el Estado sigue siendo demasiado generoso con responsables de violencia política. En este caso, además, el hecho de que el juez hubiera revocado la medida y que ahora vuelva a prosperar muestra la complejidad del pulso entre administración penitenciaria y control judicial.
Más allá del nombre propio, lo que está en juego es una pregunta de fondo: hasta dónde puede avanzar la flexibilización del castigo en delitos de enorme carga simbólica sin reabrir heridas en una sociedad que todavía convive con las consecuencias del terrorismo. Para las víctimas, cada decisión de este tipo suele leerse como una prueba más de la distancia entre la justicia institucional y el daño sufrido. Para el sistema, en cambio, es una demostración de que incluso los casos más delicados deben moverse dentro de los cauces legales y no de la presión política o emocional.
