Gómez va a juicio y se agrava el choque entre Moncloa y la justicia

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha elevado de golpe la tensión entre Moncloa y la judicatura. El Ejecutivo ha reaccionado con dureza, calificando la instrucción de arbitraria e injusta, mientras la oposición ha cerrado filas en defensa de los jueces y ha acusado al Gobierno de alimentar una ofensiva contra el poder judicial en plena batalla política por el relato.

Según informó EFE, el auto afecta a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y también a su asesora, Cristina Álvarez, por este último delito. Desde el entorno gubernamental insisten en que el caso responde a una persecución derivada del cargo de la esposa del presidente y sostienen que la instrucción ha estado marcada por una intención política y por un trato deshumanizador. En la misma línea, el PSOE ha salido a respaldar a Gómez y ha denunciado dos años de persecución judicial, mientras dirigentes socialistas han cargado con especial dureza contra el magistrado al vincular su decisión con su próxima jubilación.

El fondo del asunto va mucho más allá del nombre propio de Begoña Gómez. Lo que está en juego es la relación entre instituciones en un momento de máxima polarización, con un Gobierno que ve en el caso una maniobra para desgastar políticamente a Pedro Sánchez y una oposición convencida de que el Ejecutivo está cruzando una línea al desacreditar a los jueces cuando las resoluciones no le favorecen. El PP ha advertido que este movimiento solo provocará más ataques del Gobierno a la justicia, y Vox ha ido un paso más allá al presentar el caso como una muestra de cómo funciona el poder cuando se mezcla con el entorno familiar del presidente. Para la ciudadanía, el mensaje es inquietante: la discusión pública ya no gira solo en torno a si hubo o no delito, sino sobre si las instituciones están actuando con independencia o han quedado atrapadas en la lógica de la guerra política.

En ese contexto, el caso amenaza con convertirse en uno de los grandes focos de desgaste para Sánchez en los próximos meses. Si la causa avanza, el Gobierno tendrá que sostener su defensa mientras afronta el coste de aparecer a la defensiva frente a una investigación que salpica directamente a la familia presidencial. Y si la estrategia pasa por cuestionar al instructor, el riesgo es otro: profundizar la desconfianza en un sistema judicial que, precisamente por la sensibilidad del caso, debería ser más sólido que nunca.