Sánchez reclama un pacto de Estado mientras la política intenta no arder con los incendios
Imagen: El País
La ola de incendios ha obligado al Gobierno y a la Comunidad de Madrid a rebajar la confrontación pública, mientras Pedro Sánchez vuelve a reclamar un pacto de Estado. En paralelo, Santiago Abascal ha aprovechado la crisis para culpar al “fanatismo climático” y desplazar el debate hacia la batalla ideológica.
La magnitud de la ola de incendios ha forzado a bajar el tono entre el Gobierno central y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al menos en el terreno público. La emergencia ha impuesto una tregua política que contrasta con semanas de choque institucional, mientras Pedro Sánchez insiste en que la respuesta a desastres de este calibre no puede seguir dependiendo de la improvisación ni de la pelea partidista, sino de un pacto de Estado que ordene la prevención, la coordinación y la capacidad de reacción ante un escenario cada vez más frecuente en España.
Según informó El País, el presidente del Gobierno ha vuelto a situar la política forestal y de emergencias en el centro de la agenda, con la idea de que el país necesita una estrategia estable frente a incendios de gran extensión, agravados por las altas temperaturas, la sequía y la acumulación de combustible vegetal en el monte. En la práctica, el mensaje busca algo más que una foto de unidad: apunta a repartir responsabilidades entre administraciones, mejorar medios y evitar que cada verano el debate se limite a señalar culpables cuando el fuego ya ha arrasado miles de hectáreas y puesto en riesgo a vecinos, viviendas y explotaciones agrícolas.
El contraste político lo ha marcado Santiago Abascal, que ha aprovechado la crisis para cargar contra lo que llama “fanatismo climático”, una fórmula con la que la extrema derecha intenta convertir un problema material —el avance de los incendios y su creciente intensidad— en una disputa cultural. Ese discurso no es nuevo, pero sí cada vez más funcional en un contexto de polarización: mientras unos reclaman más prevención, gestión del territorio y adaptación al cambio climático, otros buscan desacreditar esas políticas presentándolas como imposiciones ideológicas. El resultado es una discusión pública que corre el riesgo de alejarse de lo urgente: mejorar el operativo, reforzar la coordinación entre comunidades y Estado, y anticiparse a un fenómeno que ya no es excepcional, sino estructural.
Lo que está en juego va mucho más allá de la batalla entre Moncloa, Ayuso o Vox. Para los vecinos de las zonas afectadas, la conversación política importa porque se traduce en medios de extinción, evacuaciones, protección de viviendas, apoyo al campo y reconstrucción posterior. Y para el conjunto del país, estos incendios dejan una advertencia incómoda: España entra en una etapa en la que el verano ya no puede administrarse como una emergencia pasajera, sino como una amenaza recurrente que exige acuerdos estables, inversión sostenida y menos propaganda. Si ese giro no llega, cada nueva oleada de fuego volverá a exhibir la misma fragilidad institucional con la que hoy se intenta apagar las llamas.
