Andalucía aplaza medidas clave mientras sus acuíferos siguen vaciándose
Imagen: El País
El Gobierno central y la Junta de Andalucía mantienen en el limbo la declaración de sobreexplotación de varios acuíferos andaluces, aun cuando muchos ya muestran síntomas de agotamiento. La demora retrasa restricciones y medidas de protección en un momento crítico para el agua en el sur de España.
El pulso por el agua en Andalucía vuelve a dejar una señal inquietante: ni el Gobierno central ni la Junta han acelerado la declaración de sobreexplotación de varios acuíferos pese a que distintos sistemas subterráneos muestran claros signos de agotamiento. La situación no es menor. En una comunidad donde la agricultura intensiva, la sequía prolongada y la presión urbanística tensan cada gota disponible, aplazar esa decisión equivale a prolongar una gestión que llega tarde y que, en la práctica, deja a muchas masas de agua subterránea expuestas a un deterioro cada vez más difícil de revertir.
Según informó El País, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha intentado incluso desincentivar a un ayuntamiento para que su masa subterránea sea catalogada como “en riesgo”, una fórmula que abriría la puerta a medidas de control más estrictas. Ese detalle revela algo más profundo que una discrepancia administrativa: muestra la resistencia institucional a activar herramientas que implican limitar extracciones, revisar concesiones y ordenar usos en zonas donde el agua ya no alcanza. En el fondo, la discusión no es técnica sino política, porque declarar un acuífero sobreexplotado no solo reconoce un problema, también obliga a tomar decisiones incómodas sobre quién sigue usando el recurso y en qué condiciones.
El retraso importa porque los acuíferos no son una reserva infinita ni una cuenta bancaria que se repone al ritmo del deseo político. Son el colchón invisible que sostiene el abastecimiento de pueblos, cultivos y ecosistemas, y cuando se vacían las consecuencias se arrastran durante años: pozos más profundos, costes mayores, peor calidad del agua y más conflicto entre regantes, administraciones y vecinos. En Andalucía, donde la sequía ya no es una excepción sino una condición estructural, la falta de una respuesta más dura anticipa un escenario de mayor tensión social y económica. Si no se actúa a tiempo, la factura no la pagarán solo los campos que dependen del riego: también la asumirán los municipios pequeños, los consumidores y, en última instancia, el propio territorio, que verá cómo se degradan humedales, manantiales y zonas de recarga que deberían estar protegidas desde hace años.
Lo preocupante es que este retraso encaja con una dinámica ya conocida en España: se reconoce el problema cuando el daño está avanzado y se posponen las medidas hasta que el conflicto se vuelve políticamente costoso. Pero el agua subterránea no entiende de plazos administrativos ni de equilibrios entre gobiernos. Si la declaración de sobreexplotación sigue aplazándose, la administración no solo estará ganando tiempo; estará perdiendo margen para evitar que el deterioro sea irreversible.
