Putumayo queda en suspenso: 99 disidentes esperan definición sobre su transición a la civilidad
Imagen: El Tiempo - Política
En Putumayo, 99 disidentes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano siguen a la espera de que la nueva administración defina el futuro de la única zona de ubicación temporal del departamento. Aunque los combatientes ratificaron su voluntad de dejar las armas, el proceso quedó en manos de Abelardo De La Espriella.
La única zona de ubicación temporal habilitada en Putumayo entró en un limbo político justo cuando 99 integrantes de la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) reafirmaron que quieren dejar atrás la guerra y pasar a la vida civil. El problema es que, pese a esa señal, la continuidad del proceso ya no depende de ellos sino de la nueva administración, que deberá decidir si mantiene, ajusta o frena este esquema de transición.
Según informó El Tiempo - Política, los combatientes volvieron a expresar su decisión de transitar hacia la legalidad, una declaración que en cualquier otro contexto sería una noticia de alivio para una región golpeada durante años por economías ilegales, confinamientos y disputas armadas. Pero la realidad institucional es menos alentadora: la zona temporal quedó atada a una definición política que debe tomar Abelardo De La Espriella, cuya llegada al escenario de decisión introduce incertidumbre sobre el ritmo y la viabilidad del proceso.
El caso importa más allá de Putumayo porque allí se juega una parte sensible de la conversación nacional sobre paz, desarme y reincorporación. En departamentos donde el Estado llega tarde y de manera intermitente, cada zona temporal funciona como un puente frágil entre la guerra y la vida civil. Si ese puente se rompe por cálculo político, desconfianza o improvisación, el costo no lo pagan solo los combatientes: lo pagan también las comunidades que siguen atrapadas entre presiones armadas, economías clandestinas y ausencia de garantías reales para volver a la normalidad.
Lo que ocurra en las próximas semanas será una prueba de fondo para la nueva administración. Si decide darle continuidad al proceso, podría preservar una ventana de desescalamiento en uno de los territorios más complejos del sur del país. Si opta por congelarlo o desmontarlo, el mensaje hacia los actores armados será el peor posible: que incluso cuando hay voluntad de abandonar las armas, la salida política puede quedar a merced de los cambios de gobierno y de la volatilidad institucional. En Putumayo, por ahora, la paz sigue dependiendo de una firma que todavía no llega.
