La Audiencia Nacional mantiene la lupa fiscal sobre Zapatero y su entorno
Imagen: infobae
La Audiencia Nacional frenó el intento de Hacienda de detener sus inspecciones sobre Zapatero, su esposa, sus hijas y empresas vinculadas. El juez mantuvo abiertas las pesquisas del 'caso Plus Ultra', pero ordenó informar si aparecen indicios de delito fiscal.
La Audiencia Nacional decidió mantener vivas las investigaciones tributarias sobre José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura, la empresa What The Fav y el empresario Julio Martínez Martínez, en el marco del caso Plus Ultra. El juez instructor rechazó ordenar a Hacienda que suspenda sus actuaciones, al respaldar el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y cerrar la puerta a la petición planteada por las delegaciones de la Agencia Tributaria en Madrid y Valencia.
La decisión, recogida en un auto citado por Europa Press, deja claro que la inspección fiscal puede seguir su curso, aunque con un límite: si la Agencia Tributaria detecta indicios de posible delito fiscal, deberá ponerlos de inmediato en conocimiento del juzgado para su valoración. Hacienda había pedido frenar las pesquisas administrativas porque entendía que podían solaparse con la causa penal y generar una situación de prejudicialidad, es decir, que la definición de las obligaciones tributarias dependiera de lo que finalmente acreditara el proceso judicial. Pero Anticorrupción se opuso con dureza a esa tesis y sostuvo que no existía una coincidencia real entre el objeto de ambas investigaciones.
El argumento central del magistrado es relevante porque marca una línea jurisprudencial que en España suele repetirse en casos de alto perfil: la vía administrativa no se paraliza salvo en escenarios excepcionales, y el sistema está diseñado para evitar castigos duplicados sin detener por completo la acción inspectora. En términos prácticos, eso significa que Hacienda seguirá revisando la documentación y las operaciones bajo sospecha mientras el juzgado conserva la última palabra si aparecieran hechos con relevancia penal. En el trasfondo está una discusión que va más allá del nombre de Zapatero: hasta dónde puede avanzar el Estado cuando una investigación fiscal y una penal se tocan parcialmente, y cómo se protege el derecho de los investigados sin desarmar la capacidad de control del fisco.
Calama insiste en que, por ahora, este procedimiento no tiene como objeto directo indagar delitos contra la Hacienda Pública, con una salvedad puntual que él mismo deja abierta: el alcance fiscal y penal de unas joyas sigue sin definirse por completo. Esa precisión revela que el caso aún está en una fase sensible y que el expediente puede moverse hacia terreno penal si aparecen nuevos elementos. Para la opinión pública, la resolución tiene una lectura evidente: las investigaciones sobre figuras de primer nivel no se congelan por su peso político, y en un país con fuerte sensibilidad ante los escándalos de corrupción y evasión, la frontera entre una inspección tributaria y una causa penal puede convertirse en un campo de batalla jurídico con consecuencias reputacionales y judiciales de largo alcance.
