Robo de agua, luz y gas le cuesta a EPM más de $300.000 millones en Antioquia
Imagen: infobae colombia
EPM calcula que el robo de agua, energía y gas en Antioquia le genera pérdidas superiores a $300.000 millones y deja sin recursos a la empresa para ampliar cobertura. La compañía advierte que las conexiones ilegales equivalen al consumo de unas 95.000 familias.
El robo de agua, energía y gas está golpeando las finanzas de EPM en Antioquia con una factura que ya supera los $300.000 millones, una cifra que revela la dimensión de un problema que no solo afecta a la empresa, sino también a la prestación de servicios públicos en miles de hogares. Según informó Infobae Colombia, las conexiones ilegales equivalen al consumo que tendrían cerca de 95.000 familias, un volumen que expone cómo la informalidad energética y del acueducto termina trasladando costos al resto de usuarios y frenando inversiones clave.
De acuerdo con la información divulgada por la compañía, el impacto económico no se limita a una pérdida contable. Cada metro cúbico de agua, cada kilovatio y cada unidad de gas que no se factura por fraude representa menos capacidad para modernizar redes, atender emergencias y sostener la expansión del servicio en zonas donde todavía hay brechas de cobertura. En una región como Antioquia, donde la presión sobre la infraestructura urbana crece al ritmo de la expansión de municipios y periferias, ese desangre financiero tiene consecuencias directas sobre la calidad y la continuidad del servicio.
Lo más preocupante es que el fenómeno del hurto de servicios públicos suele instalarse en dos frentes al mismo tiempo: por un lado, en asentamientos donde la ausencia de formalización y la precariedad empujan a soluciones ilegales; por el otro, en redes de fraude más organizadas que se conectan a costa del sistema y terminan afectando a usuarios cumplidos. Ahí está la verdadera carga social del problema. Cuando EPM pierde más de $300.000 millones por estas prácticas, no se trata solo de una empresa con menos ingresos: se trata de menos recursos para obras, menos capacidad para reducir pérdidas técnicas y más presión sobre tarifas y mantenimiento. En términos simples, el costo termina distribuido de forma desigual entre quienes sí pagan y quienes burlan el sistema.
La advertencia de la empresa también deja una lectura de fondo sobre la gobernanza de los servicios públicos en Colombia. La lucha contra las conexiones ilegales no puede depender únicamente de operativos o sanciones puntuales; requiere control institucional, educación ciudadana, regularización de barrios y una respuesta social que entienda que el fraude en servicios básicos no es una viveza menor, sino una práctica que debilita el derecho colectivo al acceso seguro y sostenido. Si Antioquia sigue normalizando estas pérdidas, el problema no será solo de recaudo: será de capacidad real para sostener uno de los pilares más sensibles del bienestar cotidiano.
