Ourense mantiene en prisión a investigado por violencia de género por riesgo extremo para la víctima
Imagen: infobae
La Audiencia Provincial de Ourense dejó en prisión provisional a un investigado por violencia de género al concluir que la víctima enfrenta un riesgo extremo. El tribunal sostuvo que no hay una alternativa menos gravosa después de que el acusado quebrantara una orden de alejamiento.
La Audiencia Provincial de Ourense cerró la puerta a la libertad provisional de un hombre investigado por presuntos delitos de lesiones y quebrantamiento de medida cautelar en un caso de violencia sobre la mujer, al concluir que la víctima se encuentra en un riesgo “extremo”. El tribunal avaló así la prisión provisional sin fianza dictada por el Juzgado de Verín, en una decisión que refuerza la idea de que cuando una orden de protección ya fue desobedecida, el margen judicial para medidas menos severas se reduce de forma drástica.
Según informó infobae, la defensa había pedido revocar la medida alegando falta de indicios suficientes y cuestionando la motivación del auto inicial, pero la Sala desestimó esos argumentos y recordó que la cautelar adoptada responde tanto a la gravedad de los hechos como a la necesidad de proteger a la denunciante. En su análisis, los magistrados subrayaron que no existe una alternativa menos lesiva que garantice la seguridad de la mujer, especialmente porque el investigado ya habría incumplido la prohibición de acercarse y comunicarse con ella, su pareja. El Ministerio Fiscal se opuso a la apelación y la representación de la víctima respaldó la decisión de mantener la prisión.
El caso muestra con crudeza uno de los puntos más sensibles en la respuesta judicial a la violencia machista: qué hacer cuando una medida de alejamiento no basta. La Audiencia recordó, además, que el investigado tiene antecedentes penales por el mismo delito y que desde abril se vienen investigando numerosos incidentes vinculados a la relación de pareja, todos relacionados con violencia sobre la mujer. El tribunal dio especial peso al informe policial, que calificó el riesgo como extremo, y a la declaración de la víctima, quien afirmó temer por su integridad. También consideró creíble su testimonio por las corroboraciones periféricas y el informe médico forense, elementos que fortalecen la versión acusatoria en una fase todavía de instrucción.
Más allá de este expediente concreto, la resolución pone sobre la mesa una realidad incómoda: en España, como en otros países, las medidas de protección dependen no solo de su existencia formal, sino de que se cumplan y sean capaces de frenar una escalada de violencia que muchas veces avanza incluso con órdenes judiciales vigentes. Para la víctima, el respaldo del tribunal supone un blindaje temporal; para el sistema, una señal de que la reincidencia y el quebrantamiento pesan cada vez más a la hora de decidir sobre la libertad de los investigados. Y para la sociedad, un recordatorio de que la violencia de género rara vez empieza de cero: suele dejar rastros, alertas y episodios previos que, si no se atienden a tiempo, terminan en decisiones tan severas como esta.
