Sanguino sube el tono y acusa a tres opositores de buscar presión en EE.UU. contra Petro
Imagen: El Tiempo - Política
Antonio Sanguino endureció su ofensiva contra tres figuras políticas a las que acusa de haber buscado en Estados Unidos la detención del presidente Gustavo Petro. El caso abre un nuevo frente de choque entre el Gobierno y la oposición en medio de la disputa por los límites de la denuncia política.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, llevó a un nuevo nivel su denuncia contra el senador Jota Pe Hernández y los excongresistas Lina María Garrido y Miguel Polo Polo, a quienes señala de haber pedido ante instancias en Estados Unidos la detención del presidente Gustavo Petro. La controversia no es menor: toca de frente la relación entre el poder Ejecutivo, la oposición y el uso de canales internacionales para presionar a un mandatario colombiano.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo - Política, Sanguino presentó nuevas pruebas para respaldar su acusación, luego de haber interpuesto inicialmente la denuncia contra los tres dirigentes. El funcionario sostiene que existieron actuaciones orientadas a buscar una intervención de autoridades estadounidenses en contra del jefe de Estado, un señalamiento que, por su gravedad política y jurídica, eleva el tono de la disputa y deja a los señalados en el centro de una tormenta pública que seguramente seguirá creciendo en los próximos días.
Más allá del choque personal y partidista, este episodio revela algo más profundo: la creciente internacionalización de la pelea política colombiana. Que un ministro acuda a denunciar a congresistas por supuestamente activar gestiones en Estados Unidos contra el presidente habla de una confrontación que ya no se libra solo en el Congreso, en los medios o en las calles, sino también en el terreno diplomático y judicial. En términos prácticos, esto importa porque cualquier intento de arrastrar a actores externos a la política interna puede erosionar la confianza institucional, tensar la relación con Washington y alimentar la narrativa de persecución o victimización de ambos bandos.
Para el Gobierno, el caso sirve como advertencia sobre la manera en que la oposición busca golpear a Petro fuera de Colombia. Para los denunciados, el proceso abre el riesgo de una discusión que puede pasar de la arena política a escenarios legales más complejos. Y para la ciudadanía, que ve estas peleas repetirse con frecuencia, el asunto vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: hasta dónde está dispuesto a llegar el pulso político en Colombia cuando la disputa deja de ser ideológica y empieza a tocar los mecanismos del Estado y la legitimidad del poder.
