El PP de Cádiz exige la dimisión del alcalde de Algeciras por una nueva denuncia
Imagen: El País
La crisis política en Algeciras se agudiza después de que el PP de Cádiz exigiera la dimisión del alcalde tras conocerse una nueva denuncia por agresión sexual. Doce de los 15 concejales populares respaldan la salida del regidor, mientras la dirección provincial amenaza con sancionar a quienes se desmarquen.
El Partido Popular de Cádiz ha abierto una grieta difícil de cerrar en Algeciras al exigir la dimisión inmediata del alcalde después de conocerse una nueva denuncia por agresión sexual. La presión interna ya no es simbólica: 12 de los 15 concejales populares del municipio se han alineado con la petición de apartarlo del cargo, en un movimiento que deja al regidor políticamente muy debilitado y con el respaldo partido por la mitad.
Según informó El País, la dirección provincial del PP ha endurecido todavía más el pulso al advertir que expedientará a los ediles que no respalden la salida del alcalde. Ese mensaje revela que el partido no solo está intentando contener el daño reputacional, sino también imponer una disciplina interna en un caso que desborda la lógica municipal y se ha convertido en un problema de imagen, coherencia política y coste electoral. Cuando una formación se ve obligada a escoger entre blindar a su alcalde o desmarcarse para proteger su credibilidad, normalmente ya ha entrado en fase de crisis.
El episodio importa por algo más que la suerte personal del regidor. En Andalucía y en el resto de España, los casos ligados a denuncias por violencia sexual tienen hoy un impacto político mucho más inmediato que hace unos años, tanto por la sensibilidad social como por el escrutinio mediático y el efecto sobre los votantes. Para el PP, la situación en Algeciras pone a prueba su discurso de tolerancia cero y su capacidad para reaccionar con rapidez ante acusaciones de esta gravedad sin parecer que actúa solo cuando la presión pública resulta insoportable.
También está en juego la estabilidad institucional del Ayuntamiento. Si la mayoría de los concejales populares rompe definitivamente con el alcalde, la gobernabilidad local puede entrar en una etapa de incertidumbre, con consecuencias directas en la gestión municipal y en la relación con una ciudadanía que suele castigar tanto los escándalos como las luchas internas. En casos así, el debate deja de ser únicamente judicial o ético y pasa a ser también político: cuánto daño está dispuesto a absorber un partido para sostener a uno de los suyos, y cuánto le cuesta, en votos y credibilidad, no hacerlo a tiempo.
