Salta a la luz revisión de fotomultas: 40.000 comparendos quedarían bajo sospecha
Imagen: El Tiempo - Política
Una revisión nacional sobre fotomultas encendió las alarmas: cerca de 40.000 comparendos podrían tener origen irregular. Además, 12 dispositivos aparecen con autorización en trámite de revocatoria, según reveló El Tiempo - Política.
La revisión nacional de las fotomultas abrió un nuevo frente de controversia en Colombia: cerca de 40.000 comparendos podrían estar comprometidos por presuntas irregularidades, mientras 12 dispositivos fueron detectados con autorización en trámite de revocatoria, según informó El Tiempo - Política. El hallazgo vuelve a poner bajo la lupa un sistema que durante años ha sido defendido como herramienta para salvar vidas en las vías, pero que también ha sido cuestionado por su opacidad, su uso recaudatorio y los múltiples vacíos en su operación.
De acuerdo con la información conocida, el análisis no solo apunta a posibles fallas administrativas o de habilitación, sino a un problema de fondo: qué tan confiables son las sanciones impuestas por cámaras que operan en distintos puntos del país. En la práctica, eso significa que miles de conductores podrían haber sido multados con base en dispositivos cuya autorización, revisión o permanencia en servicio no estaría plenamente en regla. Aunque todavía falta claridad sobre el alcance jurídico de cada caso, el dato de 12 equipos en trámite de revocatoria sugiere que el problema no es aislado ni menor.
Este tipo de hallazgos importa por dos razones. La primera es de justicia: cuando una fotomulta nace de un procedimiento irregular, la sanción deja de ser una herramienta de seguridad vial y se convierte en una carga cuestionable para el ciudadano. La segunda es política y fiscal: las cámaras de fotodetección han sido una fuente importante de ingresos para entidades territoriales y concesionarios, y cualquier revisión seria puede afectar recaudos, contratos y la credibilidad institucional. En Colombia, donde la desconfianza frente a las multas de tránsito es alta, cualquier indicio de irregularidad alimenta la percepción de que el sistema se ha usado más para castigar que para prevenir.
El caso también llega en un momento en el que el debate sobre control vial exige más transparencia, no menos. Si la revisión confirma que hay comparendos irregulares, las autoridades tendrán que decidir si corrigen caso por caso, anulan sanciones o ajustan de fondo el modelo de operación y vigilancia. Para los ciudadanos, el asunto trasciende la disputa técnica: se trata de saber si una infracción fue realmente detectada bajo reglas claras o si, una vez más, el Estado terminó imponiendo sanciones sobre bases frágiles. Y en un país donde cada peso cuenta, una multa mal puesta no es un error menor: es un golpe directo al bolsillo y a la confianza pública.
