Costa Rica enfrenta un presupuesto casi inmóvil y Fernández descarta más deuda

Imagen: infobae
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, describió el presupuesto nacional como una “camisa de fuerza” al señalar que el 93% de los recursos ya está comprometido. La advertencia llega en medio del debate fiscal y de la promesa oficial de no aumentar el endeudamiento.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, puso sobre la mesa uno de los problemas más persistentes de las finanzas públicas del país: un presupuesto nacional tan rígido que, según dijo, apenas deja libre el 7% de los recursos. Con esa radiografía, la mandataria defendió que su Gobierno no tiene margen amplio de maniobra y rechazó que la salida vaya a ser seguir aumentando la deuda pública, un punto sensible en una economía que lleva años lidiando con presión fiscal y compromisos crecientes.
De acuerdo con lo informado por Infobae, Fernández sostuvo que el Estado costarricense arrastra una estructura presupuestaria prácticamente inmóvil, en la que la mayor parte del dinero ya está asignada antes de que inicie el año fiscal. Esa condición, explicó, convierte las finanzas del país en una especie de “camisa de fuerza”: recursos que, en teoría, pertenecen al conjunto de la ciudadanía, pero que en la práctica llegan atados por obligaciones previas como salarios, transferencias, deuda, pensiones y otros compromisos que absorben casi todo el margen disponible. En ese marco, la presidenta negó que su administración esté planteando recurrir a más endeudamiento como solución inmediata.
El diagnóstico no es menor y ayuda a entender por qué en Costa Rica cualquier discusión sobre gasto público termina chocando con una realidad estructural: la flexibilidad fiscal es mínima. Cuando solo queda libre una porción tan reducida del presupuesto, gobernar se vuelve menos una cuestión de anunciar grandes planes y más una disputa por prioridades, recortes y reasignaciones. Eso afecta desde la inversión en infraestructura hasta la capacidad del Estado para responder con rapidez a emergencias sociales, mejorar servicios o sostener programas de desarrollo. Y también explica por qué cada mensaje sobre deuda tiene impacto político: en un país donde buena parte del gasto ya está comprometido, endeudarse más puede dar oxígeno de corto plazo, pero también profundizar la dependencia financiera del Estado.
La advertencia de Fernández, en el fondo, revela una tensión conocida en buena parte de América Latina: gobiernos que prometen resultados con presupuestos cada vez más amarrados. En Costa Rica, el debate ya no pasa solo por cuánto recauda el Estado, sino por cómo está diseñado el gasto y cuánto espacio real existe para mover recursos sin tocar intereses consolidados. Para la ciudadanía, la discusión importa porque define si el país podrá sostener sus servicios públicos sin seguir cargando costos hacia el futuro. Y esa es, al final, la verdadera dimensión de una “camisa de fuerza”: no solo limita a un gobierno, también condiciona el margen de vida del Estado frente a su gente.




