California vive una crisis de seguros: 696.000 propiedades dependen del plan estatal

California está entrando en una zona de riesgo que ya no es sólo climática, sino financiera. El seguro estatal contra incendios, operado a través de la Asociación FAIR Plan, cubre hoy 696.000 propiedades, un salto que refleja el retiro de varias compañías privadas de zonas cada vez más expuestas a incendios forestales. El dato más inquietante no es sólo cuántas viviendas dependen de este plan de respaldo, sino la magnitud de la amenaza que enfrenta: la exposición potencial acumulada ronda los USD 788 mil millones, una cifra que deja en evidencia la fragilidad del sistema asegurador en el estado más poblado de Estados Unidos.

De acuerdo con la información divulgada por infobae estados unidos, el crecimiento del FAIR Plan no ocurrió por azar. Las aseguradoras privadas han reducido su presencia después de años de incendios devastadores, pérdidas millonarias y un encarecimiento sostenido del reaseguro, es decir, el seguro que proteje a las aseguradoras frente a desastres de gran escala. Ese encarecimiento se ha traducido en una lógica simple y dura: donde el riesgo es alto y las primas no compensan lo suficiente, las empresas se retiran o limitan su cobertura. El resultado es que miles de propietarios quedan empujados hacia una alternativa estatal que fue diseñada como último recurso, no como sustituto masivo del mercado privado.

El problema de fondo es que California ya no enfrenta un episodio aislado, sino una transformación estructural del mercado de seguros. Los incendios forestales se han vuelto más intensos, más frecuentes y más costosos, en parte por el cambio climático, la expansión urbana en zonas de interfaz forestal y años de acumulación de combustible vegetal sin manejo suficiente. Para los propietarios, esto significa primas más altas, menos opciones de pólizas y, en algunos casos, una cobertura más limitada y difícil de renovar. Para el Estado, implica una tensión creciente: si el FAIR Plan sigue expandiéndose, también crece el riesgo de que una gran catástrofe deje al sistema con una carga que podría requerir apoyo extraordinario o nuevas intervenciones regulatorias.

Lo que ocurre en California debería leerse como una advertencia para otros estados de EE.UU. La crisis de asegurabilidad ya no es un tema técnico reservado a las compañías; está empezando a definir dónde es posible vivir, cuánto cuesta hacerlo y quién termina absorbiendo el costo del desastre. Para millones de familias, la pregunta ya no es si habrá incendios, sino si podrán seguir asegurando sus casas cuando el mercado privado decida que protegerlas dejó de ser negocio.