EE.UU. intensifica su ofensiva para arrinconar al Tribunal Penal Internacional
Imagen: El País
Estados Unidos ha endurecido su ofensiva contra el Tribunal Penal Internacional, con Marco Rubio al frente de una campaña que busca aislar a la corte y castigar a su personal. El movimiento no solo amenaza a una institución clave para la justicia global, también envía un mensaje político al resto de aliados de Washington.
Washington ha decidido subir varios grados su presión contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) y ya no se limita a cuestionar sus fallos: ahora busca debilitarlo desde dentro y aislarlo fuera. La ofensiva, impulsada por Marco Rubio, apunta no solo a desacreditar la labor de la corte, sino también a golpear a su personal y empujar a los aliados de Estados Unidos a cerrar filas contra la institución. El objetivo es claro: erosionar su capacidad de actuar y dejarla sin respaldo político ni operativo.
Según informó El País, la estrategia de Rubio va más allá de la crítica diplomática habitual. El secretario de Estado estadounidense está reclamando a los socios de Washington que se sumen a la presión, en un intento por convertir una disputa bilateral en una campaña internacional de desgaste. En la práctica, eso significa poner bajo amenaza la cooperación que el tribunal necesita para investigar crímenes graves, desde arrestos hasta acceso a pruebas y protección para sus funcionarios. La señal es contundente: quien coopere con la corte podría quedar en el radar de la Casa Blanca.
Este pulso tiene implicaciones que van mucho más allá de La Haya. El TPI existe precisamente para actuar cuando los Estados fallan o no quieren perseguir atrocidades de guerra, genocidio o crímenes de lesa humanidad. Si Washington logra debilitarlo, no solo se afecta una institución jurídica, sino un principio básico del orden internacional: que los abusos más graves no queden impunes por razones de poder. Para América Latina, África o cualquier región donde la justicia interna suele ser insuficiente, ese retroceso sería especialmente serio. Y para Colombia, país que ha tenido una relación compleja con los mecanismos internacionales de justicia, el mensaje tampoco es menor: la presión política puede pesar tanto como el derecho.
Lo que está en juego no es un desacuerdo técnico, sino la arquitectura misma de la rendición de cuentas global. Estados Unidos, que durante años ha exigido responsabilidad a otros gobiernos, ahora endurece su postura contra un tribunal cuya existencia incomoda cuando toca a aliados o a intereses estratégicos. Si la campaña avanza, el daño no será inmediato ni espectacular, pero sí profundo: menos cooperación, más miedo entre funcionarios y una corte cada vez más expuesta a la lógica de la intimidación. En ese escenario, el asedio no necesita demoler el edificio de golpe; le basta con ir quitándole soporte, ladrillo a ladrillo.
