Argüeso se ampara en su defensa y evita responder sobre la tragedia de la dana

Emilio Argüeso, exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, decidió este lunes no responder a las preguntas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Lo hizo escudándose en su derecho constitucional a la defensa, en un movimiento con evidente carga política y judicial: evitar que sus declaraciones en sede parlamentaria puedan chocar con la causa penal que ya lo tiene formalmente bajo investigación, en un expediente que también salpica a la exconsellera Salomé Pradas.

La comparecencia de Argüeso llegó justo después de la intervención del expresident valenciano Carlos Mazón y dejó una escena previsible pero no por eso menos relevante. Cuando la diputada Águeda Micó, de Compromís, le preguntó si pensaba contestar, el exalto cargo autonómico respondió que se encontraba investigado por los hechos ocurridos en Valencia y que, por tanto, iba a acogerse de forma general a su derecho a no declarar. Según explicó, su objetivo era evitar interferencias en el procedimiento judicial que se tramita en Catarroja y “salvaguardar” de manera estricta su posición procesal. En la práctica, su mensaje fue claro: en el Congreso no hablará mientras la Justicia siga avanzando.

El silencio de Argüeso no es un gesto menor. En una tragedia que dejó 232 víctimas mortales, la comisión parlamentaria intenta reconstruir decisiones, omisiones y responsabilidades políticas en uno de los episodios más graves de gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana. Su negativa a responder alimenta la sensación de bloqueo institucional en torno a un caso que sigue marcando la agenda pública y que, más allá de sus derivadas judiciales, plantea una pregunta incómoda para la ciudadanía: quién tomó las decisiones clave, con qué información y por qué fallaron los mecanismos de respuesta. Que un responsable de emergencias comparezca y se limite a invocar su defensa no resuelve esas dudas; las deja, por ahora, aún más abiertas.

La jornada dejó además un choque político previsible. Desde el PSOE, Artemi Ralló Lombarte le reprochó que ocupara un cargo clave en la gestión del desastre y lo acusó de encarnar el fracaso institucional de aquel día. Desde Sumar, Nahuel González sostuvo que el silencio no puede convertirse en estrategia para diluir responsabilidades. Argüeso, por su parte, se mantuvo en el mismo argumento: no contestar para no comprometer su defensa. Ese intercambio resume bien el fondo del asunto. La comisión busca verdades políticas; la investigación judicial persigue responsabilidades penales; y las familias de las víctimas, todavía, siguen esperando que alguien explique cómo una emergencia de esa magnitud pudo derivar en una catástrofe con un balance tan devastador.