Grupo Simsa se deslinda del huachicol tras decomiso histórico en Guanajuato
Imagen: infobae
Grupo Simsa salió a defender la legalidad de sus operaciones luego de ser mencionado en la investigación sobre el decomiso de huachicol en Guanajuato. La compañía, que fue señalada en el entorno del caso, insiste en que trabajó de forma formal incluso durante la crisis de desabasto de combustibles en el sexenio de AMLO.
El nombre de Grupo Simsa quedó atrapado en la conversación pública luego del decomiso calificado como histórico de huachicol en Guanajuato, y la empresa se vio obligada a salir a marcar distancia de cualquier sospecha. Su mensaje central es claro: sostiene que opera de manera formal y que no tiene relación con el robo de combustibles, pese a que su presencia en el caso encendió alertas por el tamaño de la red investigada y por el contexto de violencia y control criminal que rodea este negocio ilícito.
De acuerdo con lo que ha trascendido, las autoridades vinculan a distintos actores con la operación de una estructura dedicada al tráfico de hidrocarburos, mientras que Grupo Simsa intenta blindar su reputación subrayando que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador también participó en tareas que ayudaron a enfrentar el desabasto de combustibles. Ese matiz no es menor: en los años más críticos de esa administración, el país vivió cierres de ductos, filas en gasolineras y un endurecimiento del discurso oficial contra el huachicol, una política que golpeó tanto a redes criminales como a empresas del sector formal que dependían de la distribución regular de producto.
El caso importa porque el huachicol dejó de ser, hace tiempo, un problema marginal de robo de combustible para convertirse en una industria paralela que mezcla crimen organizado, corrupción logística y disputas territoriales. Cuando una empresa conocida por operar en el mercado legal aparece en una investigación de este tipo, aunque sea para negar vínculos, el daño reputacional es inmediato y también lo es la pregunta de fondo: ¿qué tan permeable sigue siendo la cadena de transporte y distribución de combustibles en México? La respuesta afecta no solo a las autoridades y a las compañías del sector, sino también al consumidor final, que termina pagando los costos de un mercado más riesgoso, más vigilado y más vulnerable a interrupciones.
Por eso, más allá de la defensa pública de Grupo Simsa, el episodio deja una señal incómoda: el combate al huachicol sigue abriendo grietas entre la narrativa de control estatal y la realidad de una economía energética donde conviven empresas formales, redes de intermediación y circuitos criminales difíciles de separar a simple vista. En un país donde la gasolina toca directamente el bolsillo de millones, cada investigación de este tipo no solo expone un delito; también obliga a revisar quién mueve el combustible, bajo qué controles y con qué supervisión efectiva.
