Andesco cuestiona la nueva tarifa de aseo y alerta por el impacto en millones de colombianos

Las empresas de servicios públicos encendieron las alarmas por el nuevo marco tarifario de aseo que dejará el gobierno de Gustavo Petro. La reacción más fuerte vino de Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, quien puso en duda la solidez técnica del proceso y advirtió que una decisión de este tipo no solo impacta las cuentas del sector, sino que puede terminar golpeando durante años el bolsillo de millones de colombianos.

Según informó infobae colombia, Sánchez Ortega cuestionó la manera en que se está construyendo la tarifa y reclamó mayor transparencia para que el interés público no quede subordinado a cálculos políticos o decisiones apresuradas. En el fondo, la discusión no es menor: el servicio de aseo es uno de los gastos fijos que más sienten los hogares, y cualquier ajuste en su fórmula tarifaria tiene efectos directos sobre la factura mensual, especialmente en ciudades donde el costo de vida ya viene presionando a las familias. Andesco, que representa a buena parte de las empresas del sector, sostiene que una modificación sin suficiente respaldo técnico puede desordenar la sostenibilidad del servicio y deteriorar la confianza entre usuarios, prestadores y Estado.

Este choque abre un debate de fondo sobre cómo debe regularse un servicio esencial en un país donde la cobertura, la calidad y la asequibilidad siguen siendo desafíos desiguales. En Colombia, las decisiones sobre tarifas de servicios públicos rara vez se quedan en el plano técnico: terminan convertidas en disputa política porque tocan una necesidad básica de la población. Por eso el reclamo de Andesco va más allá de una pelea gremial. Lo que está en juego es si el Gobierno logra demostrar que el nuevo esquema responde a criterios verificables, o si, por el contrario, deja la sensación de que el costo de la reforma recaerá otra vez sobre los usuarios sin suficiente sustento. Esa discusión será clave en los próximos años, porque una tarifa mal diseñada no solo afecta una factura: también puede comprometer la inversión, la operación del servicio y la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado para regular sin improvisar.

En un contexto de desconfianza creciente frente a las decisiones regulatorias, el caso del aseo se suma a otras tensiones entre el Ejecutivo y los gremios de servicios públicos. Si el Gobierno quiere que el cambio sobreviva al ruido político, tendrá que explicar con claridad cómo se calculan los nuevos cobros, quién gana y quién pierde con la reforma, y qué garantías tendrá la ciudadanía para que el servicio no se encarezca sin una mejora real en calidad o cobertura. Porque en este tipo de decisiones, el problema no suele ser solo cuánto se paga, sino por qué se paga más.