Gómez arremete contra decreto de Petro y anuncia auditorías forenses si cambia el poder

La discusión sobre las llamadas “bonificaciones recreativas” en la Procuraduría escaló rápidamente de un debate administrativo a una pelea política de alto voltaje. Enrique Gómez convirtió el decreto del Gobierno Petro en un nuevo frente de acusación contra la Casa de Nariño al sostener que detrás de esa decisión hay un intento de premiar lealtades y blindar políticamente al Pacto Histórico, un señalamiento que endurece todavía más el clima de polarización en Colombia.

Según informó infobae, Gómez aseguró que esa medida será objeto de revisiones exhaustivas si el escenario político cambia y comienza un eventual gobierno de De la Espriella. El dirigente habló de auditorías forenses “rigurosas”, en una advertencia que no solo apunta a cuestionar la legalidad o la conveniencia del decreto, sino a instalar desde ya la idea de que el Estado habría sido usado para repartir beneficios a sectores cercanos al gobierno. En la práctica, el mensaje es doble: acusar al Ejecutivo de mover recursos con lógica clientelista y anticipar una eventual ofensiva de control sobre esas decisiones.

El asunto importa porque toca una fibra sensible de la administración pública: cómo se usan los recursos institucionales y hasta dónde puede llegar un gobierno en la definición de incentivos laborales o bonificaciones dentro de entidades como la Procuraduría. En un país donde la confianza en los organismos de control y en la gestión estatal está debilitada, cualquier movimiento que huela a reparto político termina amplificado. Y si además se instala el relato de que el Gobierno estaría “comprando impunidad”, como lo sugirió Gómez, el debate deja de ser técnico y se convierte en una disputa por la legitimidad misma del Ejecutivo. Para una ciudadanía que ya carga con inflación, incertidumbre y cansancio frente a la clase política, estas peleas refuerzan la idea de que el Estado sigue siendo un botín antes que una herramienta pública.

Más allá del tono de la acusación, el episodio deja ver algo más profundo: la campaña electoral, aunque no siempre declarada, ya contamina cada decisión de gobierno y cada reacción de la oposición. Lo que hoy se presenta como una discusión sobre bonificaciones puede terminar convertido en un expediente de campaña, en una bandera de persecución o en una promesa de depuración administrativa. En ese terreno, la pregunta de fondo no es solo si el decreto aguanta un examen jurídico, sino si Colombia seguirá atrapada en un ciclo en el que cada medida pública se lee como una jugada de poder antes que como una decisión de Estado.