EPM propone premiar el ahorro y castigar el derroche ante el riesgo de racionamiento
Imagen: infobae colombia
EPM puso sobre la mesa un giro sensible en la política de consumo eléctrico: descuentos para quienes ahorren y castigos para quienes derrochen energía. La propuesta busca anticiparse al impacto de El Niño y evitar racionamientos en medio de la sequía prevista.
EPM planteó una medida que puede cambiar la relación de los usuarios con la factura de energía: premiar a quienes reduzcan su consumo y aplicar cobros más duros a quienes mantengan altos niveles de gasto. La idea, según informó Infobae Colombia, surge como respuesta al riesgo de racionamientos que podría traer la temporada seca asociada al fenómeno de El Niño, un escenario que vuelve a poner presión sobre el sistema eléctrico en varias regiones del país.
La propuesta no es menor porque toca un punto sensible en Colombia: la manera en que se administra la demanda cuando la oferta empieza a estrecharse. EPM, una de las empresas más importantes del sector en el país, está enviando un mensaje claro: no basta con confiar en la capacidad instalada ni en las lluvias; también hace falta corregir los hábitos de consumo desde el bolsillo. Bajo esa lógica, el ahorro dejaría de ser solo una recomendación ambiental o ética y pasaría a convertirse en un incentivo económico directo para hogares y empresas, mientras que el derroche sería desestimulado con sanciones en la factura.
El trasfondo es más amplio que una discusión tarifaria. El fenómeno de El Niño históricamente ha golpeado la generación hidroeléctrica en Colombia, un país que depende en gran medida de esa fuente para atender su demanda energética. Cuando baja el nivel de los embalses, el riesgo no solo recae en los operadores del sistema, sino también en los usuarios, que terminan enfrentando aumentos, restricciones o campañas de uso racional. En ese contexto, la propuesta de EPM apunta a prevenir una crisis mayor, pero también abre el debate sobre quién debe asumir el costo de la escasez y hasta qué punto es justo trasladar el ajuste al consumidor final. Si prospera, la medida podría marcar un precedente en la forma en que las empresas de servicios públicos responden a emergencias climáticas cada vez más frecuentes y más costosas para los ciudadanos.
Más allá del debate técnico, el impacto sería concreto en la vida cotidiana: luces apagadas, menos consumo en horas pico, uso más eficiente de electrodomésticos y vigilancia más estricta sobre el gasto en hogares y negocios. En un país donde la factura de servicios ya pesa en el presupuesto familiar, cualquier esquema de premios y castigos tendrá efectos inmediatos y también políticos. Lo que está en juego no es solo evitar apagones, sino decidir si Colombia enfrentará la escasez energética con pedagogía, incentivos y sanciones, o si seguirá llegando tarde a una crisis que, con El Niño, vuelve a anunciarse con suficiente anticipación.
