ANT ordena recuperar tierras en la Ciénaga El Vidrial vinculadas al gobernador de Córdoba
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Agencia Nacional de Tierras ordenó recuperar para el Estado buena parte de tres predios ligados al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, ubicados en la Ciénaga El Vidrial, un bien de uso público. El mandatario afirma que adquirió los terrenos de buena fe y anticipa que defenderá su propiedad ante las autoridades.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) dio un paso que puede convertirse en un nuevo foco de tensión política y jurídica en Córdoba: ordenó devolver al Estado buena parte de tres predios asociados al gobernador Erasmo Zuleta, ubicados en la Ciénaga El Vidrial, una zona que tiene la condición de bien de uso público. La decisión pone en el centro de la discusión no solo la situación particular del mandatario, sino también el viejo conflicto por la ocupación y apropiación de terrenos en ecosistemas estratégicos del Caribe colombiano.
Según informó El Tiempo (Colombia), la resolución de la ANT cobija tres propiedades y concluye que buena parte de esas áreas debe regresar al patrimonio estatal. Zuleta, por su parte, sostiene que adquirió los terrenos de buena fe y ha insistido en que su versión será defendida ante las autoridades competentes. Más allá del pulso jurídico entre el gobernador y la entidad agraria, el caso vuelve a exponer un problema recurrente en Colombia: la fragilidad con la que muchas veces se administran los bienes de uso público, especialmente en ciénagas, humedales y rondas hídricas donde se mezclan intereses privados, presión sobre la tierra y vacíos en el control institucional.
El trasfondo importa porque la Ciénaga El Vidrial no es cualquier terreno. Se trata de un espacio ambientalmente sensible y jurídicamente protegido, donde la ocupación privada suele chocar con normas que buscan preservar el acceso público y el equilibrio ecológico. En un país donde los conflictos por la tierra siguen marcando la vida rural y urbana, este tipo de decisiones tienen efectos que van más allá del caso puntual: definen hasta dónde puede llegar la propiedad privada cuando entra en conflicto con el interés general. Y, tratándose de un gobernador en ejercicio, el asunto también abre preguntas sobre la responsabilidad política de quien administra un departamento mientras enfrenta una decisión estatal que cuestiona la legitimidad de parte de su patrimonio.
Lo que venga ahora dependerá de la ruta que tome la defensa de Zuleta y de la capacidad del Estado para sostener jurídicamente la resolución. Pero el mensaje de fondo ya está sobre la mesa: en Colombia, la disputa por la tierra no se limita a campesinos sin títulos o a grandes proyectos agroindustriales; también alcanza a figuras de poder. Y cuando el terreno en discusión forma parte de una ciénaga considerada bien de uso público, el debate deja de ser solo patrimonial y se convierte en una prueba sobre el respeto real a lo público frente a los intereses privados.
