Rebajar multas de tránsito: una medida popular que puede salir cara
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Rebajar las multas de tránsito puede sonar popular, pero tocar esa legislación sin una revisión técnica profunda abre más riesgos que soluciones. El debate no es sólo de bolsillo: también compromete la seguridad vial, la ética pública y la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas.
Reducir las multas de tránsito como atajo político puede terminar debilitando la seguridad vial y enviando un mensaje equivocado: que incumplir las reglas cuesta poco. La discusión, que en apariencia parece centrada en aliviar el bolsillo de los conductores, en realidad obliga a revisar si el sistema sancionatorio está cumpliendo su función de prevenir accidentes, ordenar la movilidad y castigar conductas peligrosas. Según planteó El Tiempo (Colombia) en el análisis de José Clopatofsky, intervenir la legislación de tránsito no se resuelve con un discurso ni con una orden improvisada, sino con una revisión seria de fondo.
El punto de partida es claro: las multas no existen para recaudar por recaudar, sino para desincentivar comportamientos que ponen en riesgo vidas. Cuando se rebajan sin evaluar su efecto real, se corre el riesgo de normalizar infracciones graves como exceso de velocidad, conducir bajo efectos del alcohol, no respetar semáforos o usar el celular al volante. Además, cualquier reforma de este tipo tiene que considerar la capacidad operativa de las autoridades, la proporcionalidad de las sanciones y la percepción ciudadana sobre la justicia del sistema. Una multa demasiado alta puede ser impagable y generar rechazo; una demasiado baja puede convertirse en una invitación a incumplir.
Por eso el debate va más allá del populismo o la simpatía con el conductor que siente que el Estado lo castiga demasiado. La pregunta de fondo es si el país tiene una política de tránsito coherente, capaz de educar, vigilar y sancionar con equilibrio. En Colombia, donde la siniestralidad vial sigue cobrando un número alto de víctimas, cualquier ajuste a las multas debería partir de evidencia, no de presión política. Rebajar sanciones sin una reforma integral puede terminar beneficiando a los infractores más que a los ciudadanos cumplidos, y eso erosiona la cultura vial en lugar de fortalecerla.
En últimas, la discusión sobre las multas de tránsito revela una tensión vieja en la gestión pública: la tentación de resolver problemas complejos con medidas fáciles. Pero la movilidad no se ordena con improvisación. Si se va a tocar el régimen sancionatorio, debe hacerse con criterio técnico, transparencia y una mirada ética que ponga por delante la vida en las vías, no la popularidad de una decisión.
