España y varios socios de la UE reactivan la ofensiva para usar activos rusos congelados

La presión dentro de la Unión Europea para tocar los activos rusos congelados volvió a subir de nivel. España, Suecia, Países Bajos y Polonia están empujando para reabrir el debate sobre esos fondos y explorar nuevas fórmulas que permitan usarlos en apoyo a Ucrania, aun cuando Bélgica mantiene su rechazo a avanzar por esa vía. El mensaje político es claro: el paquete de préstamo por 90.000 millones de euros ya aprobado no alcanza para cubrir las necesidades financieras de Kiev en una guerra que se ha convertido también en una batalla de resistencia presupuestaria.

Según informó El País, los ministros de Exteriores de esos países consideran que la respuesta europea debe ir más allá de la arquitectura financiera ya pactada y piden “nuevas opciones” sobre el dinero inmovilizado de Moscú. La discusión no es menor: los activos rusos congelados en Europa se han transformado en uno de los pocos instrumentos de presión todavía disponibles para sostener a Ucrania sin cargar por completo el costo sobre los contribuyentes europeos. Bélgica, donde se concentra buena parte de esos fondos y que teme los riesgos legales y financieros de una decisión de ese calibre, sigue frenando la iniciativa, pero el frente político a favor de explorar ese camino gana peso.

Este pulso revela algo más profundo que una disputa técnica: Europa empieza a reconocer que el esquema actual de ayuda puede quedarse corto si la guerra se prolonga y Washington reduce su compromiso. El préstamo ya aprobado ofrece oxígeno inmediato, pero no resuelve el problema de fondo: cómo garantizar financiación estable para un país devastado por la invasión rusa. Por eso el debate sobre los activos congelados no solo es jurídico o contable, sino estratégico. Si la UE decide dar un paso más, sentaría un precedente sobre cómo responder a una agresión militar utilizando recursos del Estado agresor; si se abstiene, corre el riesgo de que Ucrania dependa cada vez más de paquetes de emergencia y de la volatilidad política de sus aliados.

Para Ucrania, la discusión importa porque cada mes de guerra se traduce en más presión sobre su presupuesto, su capacidad de defensa y la continuidad de servicios básicos para la población. Para los europeos, importa porque revela hasta qué punto están dispuestos a asumir el costo político de una guerra que ya no se libra solo en el frente militar, sino también en las capitales que deben decidir quién paga la factura. El desacuerdo entre socios muestra que la unidad europea sigue intacta en el discurso, pero cada vez más tensionada en el terreno donde realmente se toman las decisiones: el dinero.