EE. UU. presiona a América Latina para subir gasto en defensa ante el crimen organizado
Imagen: infobae estados unidos
Washington elevó la presión sobre América Latina para que aumente su gasto militar y policial frente al crimen organizado. El subsecretario de Defensa, Elbridge Colby, sostuvo que hay países que destinan menos del 1% de su PIB a seguridad nacional.
Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa una vieja discusión hemisférica: quién paga la factura de la seguridad en América Latina. Elbridge Colby, subsecretario de Defensa, afirmó que es “absurdo” que varios países de la región destinen menos del 1% de su PIB a la seguridad nacional y planteó que existe una ventana histórica para que los vecinos latinoamericanos coordinen esfuerzos más ambiciosos contra el narcotráfico y otras redes criminales que operan a escala transnacional.
Las declaraciones, divulgadas por infobae estados unidos, llegan en un momento en que el crimen organizado se ha convertido en una amenaza que desborda fronteras y debilita instituciones. El mensaje de Colby no solo apunta a un aumento del gasto, sino también a una mayor corresponsabilidad regional: Washington quiere que los gobiernos latinoamericanos inviertan más en capacidades propias de defensa, inteligencia y control territorial, en vez de depender casi por completo del apoyo estadounidense. La idea, en términos prácticos, es que la seguridad deje de ser vista como un problema exclusivamente policial y pase a leerse como una prioridad de Estado.
El debate no es menor. En buena parte de América Latina, la presión sobre los presupuestos públicos es alta y cualquier llamado a subir el gasto en defensa compite con necesidades urgentes en salud, educación e infraestructura. Pero la discusión también revela una realidad incómoda: el crimen organizado ya no es un actor marginal, sino una fuerza económica y armada que condiciona elecciones, captura territorios y erosiona la confianza ciudadana. En Colombia, México, Ecuador o varios países de Centroamérica, la expansión de estructuras criminales ha mostrado que la falta de capacidad estatal tiene costos políticos y sociales enormes. Por eso, cuando Washington insiste en más gasto, el mensaje de fondo no es solo militar; es también una advertencia sobre la fragilidad institucional de la región.
La postura de Colby encaja con una visión clásica de seguridad hemisférica desde Estados Unidos, pero ahora aterriza en un escenario distinto al de décadas anteriores. Ya no se trata únicamente de cooperación antidrogas, sino de enfrentar economías ilegales que cruzan puertos, fronteras y sistemas financieros con una facilidad que los Estados aún no logran igualar. El reto para los gobiernos latinoamericanos será decidir si convierten esta presión externa en una oportunidad para fortalecer sus propias capacidades, o si el debate termina otra vez atrapado entre la falta de recursos, la polarización política y la desconfianza ciudadana frente al gasto militar.
