Eva Ferrer se defiende por la vía jurídica tras la difusión de audios que la comprometen
Imagen: El Tiempo - Política
Eva Ferrer salió a responder, aunque sin hablar directamente: tras la difusión de unos audios que la han puesto en el centro del debate, la exasesora de Verónica Alcocer y exfuncionaria de Gustavo Petro dejó su defensa en manos de su equipo jurídico. El caso abre un nuevo frente político alrededor de su paso por la Casa de Nariño.
Eva Ferrer, consultora catalana y exasesora de Verónica Alcocer, decidió mover su defensa al terreno jurídico luego de la difusión de unos audios que la han expuesto públicamente y la han vuelto protagonista involuntaria de una nueva tormenta política. La señal que deja es clara: no habrá, al menos por ahora, una respuesta personal extensa ni una disputa en clave mediática, sino una estrategia de contención institucional frente a un episodio que ya empezó a escalar en el debate público.
La decisión ocurre en un contexto especialmente sensible, porque Ferrer no fue una figura periférica. Además de su cercanía con la primera dama, ocupó dos consejerías presidenciales durante el gobierno de Gustavo Petro, lo que la ubica en el corazón de una administración que ha prometido cambios, pero que también ha estado marcada por episodios de desgaste, fricciones internas y controversias alrededor de su entorno más próximo. Según la información divulgada por El Tiempo - Política, la consultora optó por delegar su respuesta a abogados, una movida que suele buscar controlar el daño y evitar que cualquier declaración improvisada amplifique el caso.
Lo que importa aquí no es solo el contenido de los audios, sino el entorno político en el que aparecen. En Colombia, las grabaciones filtradas suelen convertirse rápidamente en combustible para la oposición, la prensa y la opinión pública, especialmente cuando involucran a personas con acceso al círculo más cercano del poder. En este caso, la relevancia aumenta porque Ferrer no era una asesora cualquiera: su paso por cargos de alto nivel en Presidencia la conecta con decisiones, conversaciones y dinámicas del gobierno que ahora podrían quedar bajo nueva revisión. Y eso, en términos políticos, siempre tiene un costo: erosiona credibilidad, alimenta sospechas y obliga al Ejecutivo a responder, incluso cuando el hecho no provenga directamente de la Casa de Nariño.
Este episodio también revela una constante de la política colombiana: los escándalos rara vez golpean solo a una persona. TerminAN alcanzando a la red de relaciones, a los equipos de confianza y, en última instancia, a la percepción sobre el gobierno entero. Para Petro, que ha hecho de la transparencia y la ruptura con viejas prácticas uno de sus banderines, cualquier controversia en su entorno más cercano se lee con lupa. Para Ferrer, la salida jurídica puede ser una forma de ganar tiempo y ordenar la defensa; para el gobierno, en cambio, el desafío será impedir que el caso se convierta en otro símbolo de desorden interno y desgaste político en un momento en que cada señal cuenta.
