Excombatientes en Putumayo pedirán asilo tras cierre de la ZUT y rechazan sometimiento

La tensión en Putumayo escaló este martes luego de que los 62 integrantes de Comandos de Frontera que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) anunciaran que buscarán asilo y que no están dispuestos a acogerse a un sometimiento. La decisión abre un nuevo foco de incertidumbre en un proceso que, en teoría, debía servir como puente para dejar las armas y transitar hacia una salida negociada, pero que hoy parece entrar en una fase de ruptura.

Según informó Infobae Colombia, el grupo sostiene que el cierre de la ZUT los deja en una situación de desprotección y que las condiciones ofrecidas no corresponden a lo pactado inicialmente. Sus voceros aseguran que mantendrán su postura de no aceptar una salida que consideren forzada y que insistirán en que se respeten los compromisos adquiridos en el marco de los diálogos. En otras palabras: el problema ya no es solo logístico o administrativo, sino político y jurídico, porque toca el corazón de la confianza entre el Estado y quienes participaron en ese proceso.

Lo que ocurre en Putumayo importa más allá del caso puntual. La ZUT había sido concebida como un mecanismo de concentración temporal para facilitar desarme, verificación y eventual reincorporación o sometimiento, pero su cierre evidencia las dificultades del Gobierno para convertir anuncios de paz en garantías reales y verificables. En regiones como esta, donde la presencia de grupos armados, economías ilegales y disputas territoriales ha marcado la vida cotidiana durante años, cualquier quiebre en la negociación puede traducirse en más riesgo para las comunidades, más incertidumbre para las autoridades y más espacio para que otros actores ocupen el vacío.

También hay una lectura de fondo: cuando un grupo armado o una facción en proceso de negociación dice que no confía en el siguiente paso institucional, el mensaje que recibe la población es que la transición sigue sin una ruta clara. Para los habitantes de Putumayo, acostumbrados a convivir con promesas incumplidas, la discusión no gira solo alrededor del destino de 62 hombres armados, sino alrededor de si el Estado será capaz de sostener una política de paz que no cambie con cada cierre, cada ruptura o cada pulso entre las partes. El desenlace de esta solicitud de asilo, si llega a materializarse, puede convertirse en una prueba incómoda para la estrategia de seguridad y negociación del Gobierno en el sur del país.