Procuraduría pone bajo la lupa a exgerente de la EMAB por contrato de vigilancia

La Procuraduría General de la Nación abrió un nuevo frente disciplinario sobre la administración de recursos públicos en Bucaramanga al formular pliego de cargos contra el exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, EMAB, por presuntas irregularidades en un contrato de vigilancia suscrito en 2023. La investigación parte de una sospecha inquietante: que un acuerdo pensado para proteger bienes o instalaciones de la entidad habría sido usado, en realidad, para asegurarle al funcionario una escolta permanente. Si esa hipótesis se confirma, el caso no solo comprometería la legalidad del proceso contractual, sino también la ética mínima que se espera de un directivo público.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el ente de control puso la lupa sobre la manera en que fue estructurado y ejecutado ese contrato, así como sobre el posible beneficio particular que habría derivado de él. En términos disciplinarios, el pliego de cargos marca una etapa seria dentro del proceso: la Procuraduría considera que hay elementos suficientes para profundizar en las presuntas faltas y determinar si hubo uso indebido de la contratación estatal, desviación de finalidad o aprovechamiento de la estructura pública para obtener una ventaja personal. En este punto, es clave subrayarlo, no existe una condena ni una sanción definitiva; lo que hay es una acusación formal que deberá responder el exgerente dentro del procedimiento correspondiente.

El caso importa más allá del nombre propio porque toca una de las debilidades históricas de la contratación pública en Colombia: la facilidad con que algunos contratos, especialmente los relacionados con seguridad y vigilancia, pueden terminar ampliando privilegios de funcionarios en lugar de proteger el interés general. Cuando una entidad municipal destina recursos a un servicio que, presuntamente, termina funcionando como cobertura para la seguridad personal de un directivo, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una señal de alerta sobre el uso de dineros públicos en contextos de baja vigilancia interna y alta discrecionalidad. En una ciudad como Bucaramanga, donde la ciudadanía exige resultados concretos en aseo, eficiencia y transparencia, una investigación de esta naturaleza golpea la credibilidad de la administración y reaviva el debate sobre cómo se supervisan los contratos en empresas descentralizadas.

También hay una lectura política y social que no conviene perder de vista. Las empresas municipales, aunque operan con una lógica empresarial, manejan recursos que provienen del bolsillo de los ciudadanos y están sometidas a estándares de control tan exigentes como los de cualquier dependencia pública. Por eso, cuando aparece la sospecha de que un contrato de vigilancia pudo haber sido diseñado para blindar a un directivo y no a la entidad, el asunto deja de ser un expediente más en los archivos de la Procuraduría. Se trata de una señal sobre cómo pueden capturarse decisiones administrativas para fines particulares, justo en un país donde la desconfianza frente a la contratación estatal sigue siendo alta y donde cada nuevo caso termina alimentando la percepción de que la vigilancia sobre los recursos públicos llega tarde. La investigación apenas comienza, pero el mensaje institucional ya es claro: los contratos no pueden convertirse en herramientas para extender privilegios personales bajo la apariencia de legalidad.