Procuraduría va tras exgerente de la EMAB por presunto uso irregular de contrato de vigilancia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, EMAB, por presuntas irregularidades en un contrato de vigilancia suscrito en 2023. La investigación, según informó Infobae Colombia, gira en torno a la sospecha de que ese acuerdo habría sido utilizado para garantizarle una escolta permanente al entonces directivo, una práctica que, de confirmarse, pondría bajo la lupa el manejo de recursos públicos en una empresa que debería estar enfocada en la prestación eficiente del servicio de aseo y no en resolver necesidades personales de sus funcionarios.

De acuerdo con la información conocida, el órgano de control disciplinario considera que habría existido un uso indebido del contrato o, al menos, una desviación de su finalidad original. Ese es precisamente el punto que ahora deberá aclararse en el proceso: si la contratación obedeció a una necesidad institucional real y debidamente soportada, o si terminó sirviendo para cubrir una protección privada que no correspondía asumir con cargo al presupuesto de la entidad. En términos prácticos, el expediente abre la puerta a examinar no solo la legalidad del acuerdo, sino también la forma en que se justificaron los criterios de seguridad, el alcance de la vigilancia contratada y la responsabilidad de quienes participaron en la decisión.

El caso importa más allá del nombre propio porque toca una de las grietas más sensibles en la administración pública colombiana: la frontera, muchas veces borrosa, entre la seguridad institucional y los privilegios personales financiados con dinero público. En entidades descentralizadas como la EMAB, donde cada peso mal utilizado termina afectando la operación cotidiana, este tipo de señalamientos alimenta la desconfianza ciudadana y refuerza la percepción de que todavía hay espacios donde el control interno llega tarde o no llega. Si la Procuraduría logra demostrar que el contrato se desnaturalizó, el expediente podría convertirse en un ejemplo más de cómo pequeñas decisiones administrativas pueden terminar en sanciones disciplinarias y en un desgaste político mayor para las directivas de turno.

Para la ciudadanía de Bucaramanga, el trasfondo no es menor. La discusión no se limita a un exgerente ni a un contrato específico: pone sobre la mesa la obligación de las entidades públicas de contratar con transparencia, justificar cada gasto y evitar que los recursos colectivos se mezclen con necesidades individuales. En un país donde la vigilancia sobre el gasto público sigue siendo una demanda constante, este caso vuelve a recordar que la rendición de cuentas no es un trámite, sino una condición mínima para que la administración conserve legitimidad ante quienes la financian con sus impuestos.