Gobierno cierra la puerta a una deportación masiva de menores en Ceuta
Imagen: El País
El pulso político por los menores migrantes en Ceuta vuelve a tensarse: el Gobierno insiste en que una deportación masiva sería ilegal. La advertencia reabre una herida jurídica y humanitaria que ya dejó sanciones políticas en 2021.
El Gobierno ha decidido mantener el rumbo y ha frenado de entrada cualquier intento de expulsión colectiva de niños y adolescentes migrantes en Ceuta, al recordar que una medida de ese tipo chocaría con la ley y que en 2021 ya hubo consecuencias políticas por actuaciones similares. La posición del Ejecutivo vuelve a colocar el foco en un asunto especialmente sensible: qué hacer con cientos de menores bajo tutela pública sin convertir una crisis migratoria en una vulneración de derechos básicos.
Según informó El País, el choque político se ha reactivado entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, en torno a la gestión de estos menores. Mientras desde el Gobierno central se insiste en que no cabe una salida masiva y automática del territorio, la discusión en Ceuta gira en torno a la presión institucional y logística que supone la acogida, en una ciudad fronteriza que desde hace años vive al límite de su capacidad asistencial. La advertencia del Ejecutivo no es menor: cualquier decisión sobre menores de edad debe respetar garantías individuales, evaluar caso por caso y priorizar el interés superior del menor, no la urgencia política.
Este nuevo cruce importa porque Ceuta vuelve a ser el laboratorio más delicado de la política migratoria española, y lo que allí ocurra marca precedentes para el resto del país. La memoria de 2021 sigue muy presente: entonces, una entrada masiva de migrantes, incluidos menores, derivó en actuaciones que terminaron en inhabilitaciones y en un debate nacional sobre el uso de niños y adolescentes como herramienta de presión política. Ahora el Gobierno intenta blindarse frente a esa repetición y enviar un mensaje claro: ni la saturación de los recursos ni la disputa partidista justifican medidas que puedan vulnerar la ley o los derechos de los menores.
Más allá del choque entre administraciones, el conflicto revela una tensión de fondo que España no ha resuelto: cómo repartir la responsabilidad de acoger a menores migrantes entre territorios sin convertir a las ciudades fronterizas en depósitos permanentes de emergencia. Para las familias que viven en Ceuta, la discusión no es abstracta; se traduce en centros colapsados, recursos limitados y una presión sostenida sobre servicios sociales ya debilitados. Y para los menores, que son la parte más vulnerable de esta ecuación, cada pulso político debería recordar una obviedad que a menudo se pierde en el ruido: no son una cuota ni un problema administrativo, sino niños con derechos que el Estado está obligado a proteger.
