Bolaños defiende una gran reforma judicial y advierte del desgaste del sistema
Imagen: El País
Félix Bolaños defendió una reforma profunda de la justicia y sostuvo que posponer cambios habría empujado al sistema hacia el colapso. El ministro celebró además el cierre de juzgados que calificó de arcaicos y anunció nuevas plazas para jueces y fiscales en 2027.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aprovechó su intervención para lanzar un mensaje de fondo: sin reformas, la justicia española avanzaba hacia un deterioro estructural difícil de revertir. Su diagnóstico fue más político que técnico, pero igual de contundente: la combinación de falta de modernización, saturación y decisiones judiciales que considera difíciles de entender ha terminado, según su visión, por erosionar la confianza pública en la judicatura. En el Gobierno leen este momento como una oportunidad para defender que el sistema no solo necesitaba ajustes, sino una reconfiguración de mayor alcance.
Bolaños puso el foco en dos ejes. Por un lado, celebró la desaparición de los juzgados que definió como “arcaicos”, una reforma que el Ejecutivo presenta como una forma de adaptar la estructura judicial a las necesidades actuales y abandonar un modelo que arrastraba inercias del pasado. Por otro, prometió que en 2027 se repetirá la creación de 700 plazas para jueces y fiscales, una cifra que busca aliviar la carga de trabajo de los tribunales y reforzar una de las principales quejas del sector: la falta de medios humanos para responder a una demanda judicial cada vez mayor. En el mensaje de Bolaños hay una idea clara: sin más personal y sin una organización más eficiente, cualquier discurso sobre agilidad o independencia queda en papel mojado.
La intervención del ministro no puede leerse solo como una defensa administrativa. En el fondo, refleja la batalla política y simbólica que rodea a la justicia en España, un poder del Estado sometido a una presión creciente por la lentitud de los procesos, la percepción de politización y la dificultad para renovar estructuras que han quedado obsoletas. Cuando Bolaños habla de resoluciones “incomprensibles”, está señalando también un problema de legitimidad: no basta con que los tribunales funcionen, necesitan ser percibidos como previsibles, coherentes y respetuosos con la confianza ciudadana. Ese matiz importa porque el deterioro de la credibilidad judicial no afecta solo a magistrados y fiscales; termina impactando en empresas, familias, víctimas y acusados que dependen de una respuesta rápida y confiable del Estado.
El anuncio de nuevas plazas para 2027, además, abre otra discusión: la reforma judicial no se agota en sumar personal, sino que exige cambios de fondo en la organización, la digitalización y la distribución de recursos. España lleva años arrastrando una sensación de sobrecarga en sus juzgados, y aunque el Gobierno intenta presentar estas medidas como una modernización necesaria, la oposición y parte de la carrera judicial suelen leerlas como insuficientes o cargadas de cálculo político. Lo cierto es que la justicia no solo necesita más jueces y fiscales; necesita recuperar autoridad. Y eso, en un sistema tan expuesto a la polémica pública, es mucho más difícil que aprobar una ley o abrir nuevas plazas.
