La Fiscalía cierra otra causa por torturas franquistas en Via Laietana
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La Fiscalía de Memoria y Derechos Humanos de Barcelona archivó la denuncia por torturas presentada por el abogado Manel Pujades sobre hechos ocurridos en 1969 en Via Laietana. Es la segunda investigación similar que se cierra sin acusación, esta vez por la muerte de dos sospechosos identificados.
La Fiscalía de Memoria y Derechos Humanos de Barcelona archivó la investigación abierta por la denuncia del abogado Manel Pujades por las torturas que dijo haber sufrido en 1969 en la Jefatura de Policía de Via Laietana, uno de los símbolos más controvertidos de la represión franquista en Cataluña. El cierre del caso llega sin que se presentaran cargos, después de que el Ministerio Público concluyera que la acción penal quedó extinguida por la muerte de dos personas señaladas como presuntos responsables.
La decisión, adelantada por El Nacional y confirmada por fuentes de la Fiscalía a Europa Press, se apoya en el artículo 130.1.1 del Código Penal, que contempla la extinción de la responsabilidad criminal por fallecimiento. En otras palabras, la investigación no avanzó hacia una denuncia formal porque dos de los sospechosos ya habían muerto, lo que deja otra vez fuera del alcance judicial un episodio vinculado a la represión policial durante la dictadura. El caso de Pujades se suma así a una larga lista de denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas bajo el franquismo que chocan con límites legales, probatorios y biológicos cuando los responsables envejecen o fallecen antes de una eventual imputación.
El archivo de esta causa no solo afecta a una víctima concreta, sino que vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda en España: qué puede hacer realmente la justicia frente a los crímenes de la dictadura cuando transcurren más de cinco décadas desde los hechos. La Jefatura de Via Laietana, hoy aún en pie, sigue siendo para muchos un lugar cargado de memoria traumática y una pieza central del debate sobre cómo el Estado español trata su pasado autoritario. Que esta sea la segunda investigación archivada por la Fiscalía de Memoria y Derechos Humanos de Barcelona, tras el caso de la activista Blanca Serra, apunta a un patrón que desespera a víctimas y colectivos memorialistas: aunque existe voluntad institucional de revisar esos hechos, la vía penal se encuentra cada vez más cerrada por el paso del tiempo.
El antecedente de Blanca Serra ilustra el mismo problema desde otro ángulo. En ese expediente, la Fiscalía cerró la investigación al no poder identificar a los autores de las torturas que ella y su hermana Eva denunciaron haber sufrido entre 1977 y 1982. En ambos casos, el resultado es similar: no hay una respuesta penal, pero sí queda expuesto el vacío histórico y jurídico que aún rodea los abusos del franquismo y la dificultad de convertir la memoria en justicia. Para las víctimas y sus familias, el archivo no borra los hechos; para el sistema judicial, en cambio, confirma que el tiempo sigue operando como el principal aliado de la impunidad.
