Abbott pagará 385 millones por la fórmula contaminada, pero sin cargos penales
Imagen: infobae estados unidos
Abbott Laboratories pagará 385 millones de dólares para cerrar el escándalo por su planta de Míchigan, donde fórmulas contaminadas habrían enfermado a bebés. El acuerdo evita cargos penales y ya despierta críticas en el Senado por la decisión del Departamento de Justicia.
Abbott Laboratories desembolsará 385 millones de dólares para cerrar uno de los capítulos más sensibles de la industria alimentaria infantil en Estados Unidos: el escándalo por una planta en Míchigan señalada por la producción de fórmula contaminada que habría puesto en riesgo la salud de bebés. La decisión, según informó Infobae Estados Unidos, llega sin cargos penales para la compañía y tras un giro que frenó lo que fiscales federales querían llevar a juicio.
El punto más explosivo del caso no es solo el monto, sino lo que quedó fuera del acuerdo. De acuerdo con la información disponible, los fiscales federales insistían en avanzar con una causa judicial para establecer responsabilidades más allá de la compensación económica. Sin embargo, la conducción del Departamento de Justicia detuvo ese camino y avaló una salida negociada. Esa decisión ya empezó a generar preguntas en el Senado, donde algunos legisladores cuestionan por qué un caso de posible negligencia con impacto en la salud infantil terminó resuelto sin una acusación penal contra la empresa.
El trasfondo importa porque este no es un conflicto corporativo cualquiera: toca una de las industrias más reguladas y más sensibles para las familias estadounidenses. La fórmula infantil no solo es un producto de consumo masivo; para millones de padres es una necesidad básica, especialmente cuando la lactancia no es una opción. Cuando aparece una falla en la cadena de producción, el daño no se mide únicamente en dólares, sino en la confianza pública y en la capacidad del Estado para responder rápido y con firmeza. Por eso el cuestionamiento político tiene peso: si una compañía con el tamaño y la influencia de Abbott puede cerrar el caso con un acuerdo financiero, el mensaje para el resto del sector podría ser que el costo de una crisis grave se negocia, pero no necesariamente se castiga en los tribunales.
El debate ahora se mueve en dos frentes. Por un lado, las familias afectadas y los reguladores que buscan reparación y garantías de que un episodio así no se repita. Por el otro, el Congreso, que mira con recelo una resolución que evita el escrutinio penal y deja la impresión de que el poder corporativo todavía puede inclinar la balanza cuando el caso llega a la Casa Blanca o al Departamento de Justicia. En un país donde la seguridad alimentaria infantil tiene una enorme carga política y emocional, este acuerdo no cierra el escándalo: apenas lo transforma en una discusión más amplia sobre rendición de cuentas, prioridades regulatorias y hasta dónde llega la voluntad del gobierno para confrontar a las grandes farmacéuticas y fabricantes de alimentos cuando la salud pública está en juego.
