Fiscalía investiga a Juliana Guerrero y su hermana por presunta red de contratos
Imagen: El Tiempo - Política
La Fiscalía amplió el foco de una presunta red de contratación irregular y ahora investiga a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica por posibles manejos de contratos a cambio de dinero. El caso añade presión sobre los entornos políticos y de influencia cercanos al Gobierno Petro.
La Fiscalía puso bajo la lupa a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica dentro de una investigación que apunta a una supuesta red dedicada a gestionar contratos públicos a cambio de dinero. El caso, revelado en el contexto de las pesquisas que rodean a figuras cercanas al oficialismo, vuelve a golpear la discusión sobre el uso político de la contratación estatal y la forma en que se tejen influencias alrededor del poder.
Según informó El Tiempo - Política, la indagación no se limita a revisar si hubo contactos indebidos, sino que busca establecer si existió una estructura organizada para intermediar contratos y mover recursos mediante favores, gestiones y presuntas contraprestaciones económicas. El nombre de Guerrero aparece en el expediente junto al de su hermana, Verónica, en un escenario que todavía está en etapa de verificación judicial, pero que ya genera ruido por la sensibilidad política del entorno en el que se mueve el caso.
Esto importa porque la contratación pública en Colombia sigue siendo uno de los puntos más vulnerables a la corrupción y al clientelismo, especialmente cuando las investigaciones tocan círculos de activistas, influenciadores o intermediarios con acceso a despachos estatales. Más allá de la responsabilidad individual que deba probar la Justicia, el expediente vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: quién entra, quién influye y quién se beneficia cuando la política se mezcla con redes informales de poder. En un gobierno que llegó con el discurso de combatir las viejas prácticas, cada señalamiento de este tipo erosiona credibilidad y alimenta la percepción de que la frontera entre militancia, gestión y negocio sigue peligrosamente difusa.
El avance de esta investigación será clave no solo para determinar si hubo delitos, sino para medir el alcance real de esas supuestas conexiones. Si la Fiscalía logra probar una red de contratos a cambio de dinero, el golpe no sería menor: afectaría la confianza en la institucionalidad y reforzaría la idea de que el Estado colombiano sigue siendo un botín codiciado por operadores políticos y sus satélites. Para la ciudadanía, el costo siempre termina siendo el mismo: recursos desviados, obras comprometidas y una democracia cada vez más desconfiada de sus intermediarios.
